Canarias te necesita

1.- Jóvenes, invertir en el futuro

2.- La transición ecológica en un paraíso de energías limpias

3.- La educación para afrontar los desafíos del siglo XXI

4.- Más sanidad pública tras la pandemia

5.- Inversión social y la necesidad de un “tercer sector” fuerte

6.- Igualdad: mujeres canarias, en la brega

7.- Las nuevas políticas de empleo en un nuevo escenario económico

8.- La modernización y la excelencia del turismo

9.- Kilómetro 0: soberanía alimentaria y producción elaborada en Canarias

10.- Ciencia e innovación para una economía más resiliente

11.- Internacionalización: Canarias, una oportunidad en el Atlántico Medio

12.- Controlar nuestro destino: nuevas relaciones con el Estado y la UE

13.- Inversión pública y competitividad

14.- Cultura e identidad: los elementos que nos identifican como pueblo

15.- El crecimiento poblacional y los nuevos desafíos

16.- El gran reto de la industria canaria

17.- Reforma y digitalización de la administración pública

18.- El Régimen fiscal que Canarias necesita

19.- Una FP que responda a las necesidades reales

1.- Jóvenes, invertir en el futuro

 

Los jóvenes han sido, son y serán siempre el objetivo, con creces, de todo tipo de crisis que sufre la ciudadanía. Hace unos años, la crisis económica devastó a la población juvenil y ahora, de nuevo, una nueva crisis sanitaria y económica está dejando cifras escandalosas de paro juvenil, mermando aún más si cabe a un sector de la población sin esperanza, sin entusiasmo y sin ningún tipo de ilusión en estos momentos.

 

Canarias es ahora mismo una tierra sin esperanza para la población juvenil. La pandemia ha confirmado y acentuado el declive laboral y de salarios de los jóvenes. Es cierto que antes de la llegada de la pandemia la situación no era la mejor, pero también es cierto que lo que ha hecho la COVID-19 es destrozar los pocos cimientos que aún mantenían la precaria situación de la juventud en Canarias.

 

Si para la población menor de treinta años la situación es dramática, se complica el asunto, aún más, para los menores de veinte años que, estando en grave riesgo de exclusión por la nula inserción laboral, quieren trabajar, pero son muy pocos lo que tienen éxito a la hora de encontrar empleo. Con un 75% de paro en menores de veinte años y con más del 50% en las edades comprendidas entre los veinte y veinticinco años, es evidente que Canarias (que está casi 10 puntos por encima del resto del Estado español y con unos 13.000 mil ocupados menos), no es una tierra de esperanza para que se desarrolle y sea atractiva para la población juvenil.

 

Aparte de todo lo anterior, el sistema contractual y laboral provoca que cuando consiguen integrarse en el mercado laboral, más del 50% lo haga con un contrato temporal que aminora sus posibilidades de construir un proyecto de vida autónomo. Todo esto sucede estando la población juvenil canaria cada vez más formada pero las oportunidades siguen sin llegar.

 

Es fundamental la relación de los centros educativos, formación profesional y universidades, con las empresas. Este Gobierno de Canarias culpa a las empresas de ser las que ocasionan el problema y de no trabajar de la mano. Las empresas son la oportunidad de la población juvenil, son las que pueden dar empleo estable si se trabaja desde la Administración con bonificaciones e incentivos para contratar a este sector de la población.

 

Situaciones excepcionales dentro de un contexto tan complejo no se solucionan con herramientas del pasado ni con soluciones sencillas. Sin propuestas verdaderamente transformadoras, la Administración seguirá llegando tarde y mal para atender las necesidades de este colectivo. Es preciso, en el caso del desempleo juvenil, un plan ambicioso e innovador más allá de las acciones puntuales y simplistas que ha impulsado el Gobierno de Canarias, que han sido y seguirán siendo, con los datos en la mano, totalmente insuficientes para contener la sangría del paro y la frustración que genera.

 

Existe un sector de la juventud, que ya sea antes de la pandemia o en el transcurso de ella, ha sido valiente, se ha arriesgado y ha sido el principal responsable de la generación de competencia y creador de nuevas oportunidades. Emprender supone riesgo, innovación, gestión y desarrollo. Emprender es generar ideas y estar continuamente escuchando y observando el mercado productivo. Esto es lo que ha hecho mucha población joven canaria y el Gobierno de Canarias, a pesar de las propuestas serias y responsables del Grupo Nacionalista, no ha hecho nada nuevo ante esta crisis mundial. Por ejemplo, no ha extendido la tarifa plana de autónomo joven como propuso los Jóvenes Nacionalistas de Canarias.

 

Aplazar o prorrogar impuestos a jóvenes autónomos que lidian todos los días con una crisis sin precedentes es la crónica de una muerte anunciada, el problema se quita hoy pero va a aparecer meses más tarde. Se requiere de bonificaciones o exoneraciones de impuestos a personas jóvenes que han sido valientes y que no se han quedado de brazos cruzados.

 

¿En qué situación nos encontramos? Jóvenes sin poder emanciparse, sin acceso a la vivienda y una cuestión fundamental a la que damos menos importancia pero que creemos que hay que ponerla en el centro de todos los debates: la frustración por no encontrar una salida personal a esta crisis, unida a la incertidumbre de cuándo acabará la pandemia y de cuándo volverán a tener una vida medianamente normal. Todo esto está creando un aumento descontrolado de población juvenil con problemas de salud mental.

 

Estrés, ansiedad, tristeza… todas ellas importantes pero la que nos debe dar muchísimo miedo es la recaída o la caída de muchísimos jóvenes en adicciones a través de internet. Debe establecer un Plan de Salud Mental específico para la juventud canaria que sirva para prevenir las consecuencias psiquiátricas de la pandemia en la población juvenil, aunque mucho nos tememos que nos pille con el paso cambiado de lo tarde y mal que se está actuando.

 

Debe haber una coordinación absoluta entre familias, profesorado y voluntariado para que haya una red de apoyo a los adolescentes con intervención de los equipos de salud mental. Deben hacer una labor de formación a los médicos de atención primaria, pediatras, familias y profesorado para detectar el problema, porque a los adolescentes les cuesta muchísimo afrontar y evidenciar que tienen dificultades. Los psicólogos clínicos deben diseñar y poner en práctica intervenciones de corta duración, para tratar efectivamente como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el abuso de sustancias o los problemas de juego, centrándose en técnicas psicoeducativas donde se incluyan a los progenitores.

 

El próximo curso de estudiantes en estudios superiores va a ser todavía peor para las economías de las familias. La crisis económica ocupará todas las portadas y todas las preocupaciones de los canarios y canarias. No hay mayor frustración para los progenitores que no poder costear la educación de sus hijos. Se debe estar ya pensando qué se va a hacer, qué van a proponer para familias vulnerables, que seguramente habrán perdido el empleo y que no puedan afrontar el gasto. Y sí, aunque a algunos les moleste y lo nieguen, mención especial para los alumnos y alumnas de las islas no capitalinas, ¡ojo!, evidenciando que existe mucha vulnerabilidad en Tenerife y Gran Canaria, pero no se puede mirar para otro lado e ignorar lo difícil que lo tienen los alumnos de islas no capitalinas que quieren acceder a estudios superiores. Eso es así, y por más vueltas que le den es algo objetivo, les cuesta más a los estudiantes de islas no capitalinas formarse en estudios superiores.

 

La última acción destinada a compensar el tremendo gasto que tienen que hacer las familias de estudiantes en estudios superiores que se tienen que desplazar a Tenerife y Gran Canaria procedentes de islas no capitalinas, fue por parte del Gobierno de Coalición Canaria y estando de presidente Fernando Clavijo. Ese Gobierno costeó cuatro trayectos a estos estudiantes en fecha señaladas para aliviar la economía familiar. Después no se ha hecho absolutamente nada, evidenciando la poca sensibilidad del Gobierno de Canarias actual con la situación de los estudiantes de estudios superiores que tienen que salir de su isla para formarse.

 

Así de desesperante y deprimente es la situación de la juventud en Canarias. Muchos buscan sentido a su vida, reflexionando de qué sirve estudiar o formarse. La ansiedad, el no dormir por las noches, levantarse a las tantas de la madrugada pensando que a la mañana siguiente va a ser el mismo día gris. Muchos se preguntan si el problema es la educación, el tejido productivo, las empresas, el Estado español que nos ignora, o lo peor de todo, si el problema es ellos mismos. Es desolador culparse a uno mismo de algo de lo que no es responsable. Si no se actúa ya, más allá de acciones puntuales que no mejoran nada la situación actual, las personas jóvenes estarán condenadas a vivir en una Canarias sin esperanza y sin oportunidades.

 

Propuestas:

 

1- Elaborar Plan Estratégico de Formación y Empleo Juvenil y las medidas necesarias para incrementar la tasa de actividad laboral y reducir la temporalidad de los contratos entre jóvenes menores de 30 años.

 

2- Desarrollar la bonificación y la reducción del 75% de la cuota empresarial por Contingencias Comunes de la Seguridad Social para contratos indefinidos de jóvenes menores de 30 años.

 

3- Desarrollar una tarifa plana específica de 30 euros/mes de la cuota de autónomos hasta los 36 primeros meses, y una reducción del 80% hasta el mes 48, para

jóvenes autónomos menores de 30 años.

 

4- Impulsar un plan específico de mejora de la empleabilidad de las personas no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o formación, que presenten mayores dificultades de inserción, inscritas como demandantes de empleo, mediante la adquisición de las aptitudes y competencias profesionales necesarias, de manera que sea posible su incorporación al mercado laboral de forma estable y duradera en el tiempo.

 

5- Creación de un plan específico para bonificar el 100% de la seguridad social a aquellos empresarios que contraten a egresados titulados en los dos últimos años y cuyo contrato se mantenga al menos un año en el tiempo.

 

6- Incentivar la contratación de menores de 30 años a través de bonificar el 25% trimestral de la cotización a la Seguridad Social hasta alcanzar el 100% anual para garantizar la duración de los contratos.

 

7- Plan específico de salud mental para la población juvenil donde intervenga: los profesionales de la salud mental, profesorado, progenitores y profesionales de sanidad de atención primaria, debiendo estar presentes los profesionales de la salud mental en cada centro sanitario de atención primaria y en cada centro educativo.

 

8- Bonificación de tasas universitarias para los estudiantes universitarios palmeros afectados por las causas devastadoras del volcán.

 

9- Plan de ayuda a jóvenes que deseen retornar o mantenerse en las zonas rurales de Canarias para poder desarrollar su actividad en el sector primario.

 

10.- Restituir las bonificaciones a los billetes aéreos (hasta 4 trayectos por curso académico) para los jóvenes estudiantes de las islas no capitalinas.

 

2.- La transición ecológica en un paraíso de energías limpias

Canarias se enfrenta a un enorme reto para los próximos años. No solo a los impactos del mayor reto ambiental de nuestra historia, el cambio climático, sino al desarrollo de actividades económicas asociadas a las medidas de mitigación y adaptación a ese cambio climático. Además, nos enfrentamos al enorme reto de demostrar a la sociedad que Canarias no desaprovecha la gran oportunidad de ser ese referente del que tanto se habla y del que nunca se llega a plasmar en realidad.

 

Sin embargo, más que grandes amenazas, el desarrollo de la Economía Circular y Azul, las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, deben ser la oportunidad de Canarias para lograr dar un salto cualitativo y cuantitativo en sostenibilidad, empleo, investigación y modernización. Pero todo ello sin minar las capacidades de nuestras empresas. Debemos ser competitivos en ese marco complejo y desde la óptica de ser islas.

 

Canarias es un laboratorio natural, eso está más que demostrado y es más que conocido, pero ahora hay que hacer que esa definición pase a ser una realidad. Debemos afrontarlo de la mano de las universidades públicas y la formación profesional.

 

Hoy se conocen las zonas y sectores más vulnerables ante los fenómenos adversos del cambio climático, pero siguen ahí en papeles y en cajones. Por eso, es momento de invertir decididamente en adaptación al cambio climático. Un Gobierno que haga todo lo que está de su mano para que, cuando lleguen los fenómenos adversos, su impacto sea el menor posible a las personas, la sociedad y nuestra economía. Canarias debe ser un destino seguro, también frente al cambio climático.

 

Canarias debe pasar del 20% al 45% de energías renovables en los próximos 4 años, logrando los retos europeos de emisiones netas en 2050. Desarrollando nuestras propuestas de innovación, investigación y transferencia, inversión a las personas, empresas y entidades públicas, lograremos no solo penetrar más renovables sino aumentar la cantidad de autoconsumo en Canarias. Esto hará que logremos los objetivos de neutralidad de emisiones antes que el resto del Estado. Sin embargo, esto necesita un trabajo constante de negociación con el Gobierno estatal, puesto que Canarias no puede permitirse el lujo de perder tiempo dada su vulnerabilidad climática y su capacidad de exportar conocimiento.

 

El mar abre vías de gran potencial para la generación de energía. La offshore, el hidrógeno verde y el amoniaco ponen a Canarias en un lugar estratégico para su desarrollo. Sin embargo, debe cambiar la burocracia y facilitar la puesta en marcha de sus pruebas a diferentes escalas.

 

Además de la energía, existen otras actividades de la economía azul que son estratégicas para la acción climática, la transición ecológica y energética. Pero todas ellas tienen una demanda común: La Planificación Espacial Marina. De obligatorio cumplimiento por todos los países miembros, pero que Canarias por todo lo que se juega para las generaciones futuras, debe hacerla una realidad lo antes posible. Aquí hay profesionales suficientes para estudiar y zonificar. Que las industrias sepan qué y dónde se puede desarrollar en el espacio azul que nos rodea.

 

En el marco de la economía azul, Canarias puede generar más de 70 mil empleos y un aumento del PIB por encima del 8%. Todos los sectores de la economía azul, desde lo ya bien establecidos hasta los emergentes, necesitan de un apoyo claro del Gobierno de Canarias para ser un referente Atlántico y no perder potencialidad respecto al auge de competidores directos en esta zona del planeta.

 

La transición energética también pasa por la mayor capacidad de favorecer el autoconsumo de particulares y empresas. Generar y facilitar las comunidades energéticas donde haya también participación pública para democratizar la producción y la gestión de la energía. Así se garantizará el acceso a energías limpias por toda la sociedad.

 

El sector turístico es un sector importante en la economía canaria pero el cambio climático le expone a un gran reto ya que se perderá el mayor atractivo de nuestra tierra: la eterna primavera. Este modelo turístico pasa por una transición hacia un modelo más ecológico, más sostenible y también más preocupado por el impacto social que genera en puestos de trabajo, salarios, condiciones laborales o en nuestra propia cultura e identidad.

 

Todos estos aspectos tienen cabida en la economía circular. Canarias debe aspirar a un modelo circular de todos sus recursos que garanticen que se minimice uno de los mayores retos ambientales de la actualidad: los residuos. Para ello, Canarias necesita una Ley pero más aún si cabe proyectos innovadores para cada isla y entre ellas. El REF nos da esa oportunidad. ¿La convertimos en realidad? Para ello hay que apoyar la investigación, innovación y la interacción público-privada que ayuden a minimizar el enorme problema de escalabilidad que significa ser islas. Sin embargo, esa inversión se transformará en empleo de calidad, nuevos nichos de empelo y en atracción de interés extranjero ya que nuestros modelos se pueden exportar a otras RUP y otras regiones del mundo.

 

La Canarias de hoy no tiene un plan para cumplir con las directivas europeas en materia de residuos. La capacidad de reciclar residuos es mínima (máximo 20%). Es incapaz de minimizar esa generación de residuos. No se conocen los flujos de materiales insulares e interinsulares, ni hay estudios económicos de qué tipos de “residuos” son rentables o necesitan apoyo público para convertirlos en estratégicos. En 2035 solo el 10 % de los residuos podrán ir a vertedero. La única manera de llegar ahí es atender nuestros residuos con urgencia con una implantación de la economía circular. Esto implica actuar en:

 

  • Legislación y burocracia: el control no puede ser un freno al desarrollo. La fiscalidad positiva es una forma de incentivar la acción social.

  • Formación y educación: desde el consumo hasta los materiales.

 

  • Mantenimiento estratégico.

 

  • Desarrollar el artículo 14 del REF.

 

  • Vínculos de energía, agua y alimentación.

 

  • Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia.

 

Solo a través de la acción climática, la economía circular y azul se podrán lograr alcanzar todas las metas de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

3.- La educación para afrontar los desafíos del siglo XXI

 

La repercusión de los efectos de la pandemia de Covid-19 en las aulas, en un contexto de inestabilidad del sistema educativo en nuestro país propiciado por la sucesión, en los últimos años, de distintas leyes educativas aprobadas sin el deseado consenso, hace más que nunca necesario reflexionar sobre el estado actual de la educación en Canarias.

 

La insistencia, sin lugar a duda unánime, de considerar que la educación es uno de los sectores prioritarios de la sociedad del siglo XXI, lleva consigo la imperiosa y lógica necesidad de dotar a este sector de la financiación adecuada. Pero más allá del reconocimiento de esta premisa, repetida desde hace años como un mantra por los distintos agentes que intervienen en el campo educativo, resulta igualmente necesario establecer cuáles son las prioridades en las que debe centrarse la inversión en educación. Partiendo del estudio de los numerosos beneficios sociales, económicos y personales que puede generar la inversión educativa, así como de la reflexión en relación con los indicadores de calidad de nuestro sistema educativo, podremos delimitar una serie de campos de actuación que sería necesario abordar para conseguir un sistema mejor, más moderno y eficaz, para poder afrontar de manera satisfactoria los retos sociales y educativos planteados por el contexto actual de este mundo globalizado y en profunda transformación y por las perspectivas de futuro que nos debemos marcar.

 

Por otra parte, en el marco de la “Estrategia 2020”, la Unión Europea definió como uno de los objetivos más importantes dentro de la política lingüística el de que todo ciudadano europeo domine, además de su lengua materna, otros dos idiomas. Asimismo, se establecieron medidas a nivel europeo para potenciar el éxito escolar y reducir el abandono escolar temprano en la enseñanza obligatoria.

 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, firmada en 2015 por los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de Naciones Unidas, establece en su objetivo n.º 4, “Educación de Calidad”, las claves para garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

 

Teniendo en cuenta todos estos factores, así como las singularidades de nuestro territorio, profundamente marcado por nuestra condición de región ultraperiférica europea, nuestra ubicación geográfica estratégica y nuestra dependencia económica del sector terciario turístico, se hace especialmente relevante replantear y potenciar diferentes aspectos de nuestro sistema educativo.

 

El currículo.

 

Dentro de nuestro margen de actuación en relación con los currículos, en la línea de lo que plantea la Ley Canaria de Educación, se debe fomentar la implementación de nuevas metodologías y de proyectos de innovación sin dejar de lado todos aquellos aspectos del currículo que contribuyan a consolidar los conocimientos y competencias necesarias para el desarrollo personal, intelectual y social del alumnado, sobre todo en las etapas de enseñanza obligatoria. Todo ello favoreciendo y potenciando la atención a la diversidad.

 

En el currículo también debe haber espacio para la presencia de los contenidos canarios, factor clave para la comprensión de nuestra idiosincrasia, que es determinante para el aprendizaje con relación al respeto y aprovechamiento de nuestros recursos humanos y naturales como fuente de enriquecimiento personal y social.

 

Asimismo, se debe prestar especial atención al aprendizaje de lenguas extranjeras y a la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.

 

El profesorado, piedra angular del sistema educativo.

 

Es de vital importancia, más si cabe en el contexto actual, que se reconozca social y profesionalmente la labor de los docentes.

 

Nuestra sociedad en evolución continua implica una exigencia progresiva y constante para el profesorado. La formación inicial y continua de los docentes no solo supone un elemento imprescindible para la mejora del sistema educativo, sino que además debe constituir una herramienta indispensable para que sus condiciones de trabajo sean las adecuadas. La formación continua debe ser de gran calidad y adaptada a las nuevas exigencias metodológicas, que además no suponga una sobrecarga de trabajo, sino que se desarrolle en los tiempos establecidos para ello o se transmita de la manera más eficiente posible a través del uso de las nuevas tecnologías o de prácticas de formación innovadoras, como por ejemplo las estancias de observación de buenas prácticas en otros centros educativos o en el extranjero. La formación inicial, dirigida a los docentes que se incorporan al sistema educativo, debe cumplir con su función práctica y no ser solo un trámite. Para ello se podrían poner en marcha planes de mentorización a cargo de docentes con experiencia, para quienes se establecerían las condiciones y remuneración correspondientes.

 

Es necesario implantar una nueva cultura de gestión de recursos humanos. Los docentes necesitan un acompañamiento pedagógico y administrativo a lo largo de toda su carrera. La optimización de los canales de comunicación entre la administración y los docentes, la consolidación de las mejoras retributivas de la carrera profesional, el desarrollo del trabajo en entornos adecuados y seguros, la posibilidad del desarrollo del trabajo colaborativo, son solo algunos de los elementos que es imprescindible revisar y mejorar.

 

La Formación Profesional.

 

La Formación Profesional necesita adaptarse a las necesidades del mercado laboral de una manera eficiente, a través de estudios de mercado para optimizar la oferta y adaptarla a la demanda real de la sociedad y, de esta forma, propiciar la mejor cualificación posible. Si hacemos un análisis histórico sobre la oferta de FP en Canarias, concluimos que refleja una oferta muy estática y poco variada, en gran parte debido a la fragmentación del territorio insular. Por otro lado, la nueva Ley de FP se enfoca hacia la ampliación de la oferta de Formación profesional dual. A modo de ejemplo, ya que Canarias cuenta con una de las mejores ofertas hoteleras de todo el país, deberían proponerse acuerdos con las patronales, pues son el mejor escenario para iniciar una formación profesional dual extensa y de calidad que podría implantarse no solo en la especialidad de Hostelería y turismo sino en otras especialidades como Mantenimiento, Electricidad, Servicios a la Comunidad, etc.

 

Para hacer frente al reto de la modernización de la FP es preciso invertir en I+D+i de realidad virtual que permita realizar las prácticas de forma telemática, lo que se conoce como realidad virtual para la industria 4.0, aplicándose principalmente para la formación de profesionales, lo cual supondría la posibilidad de entrenarse en tareas complejas, en el uso de maquinaria y herramientas. Gracias a la realidad virtual se podrían realizar prácticas de forma autónoma y sin necesidad de contar con estos recursos escasos, lo que posibilitaría extender la Formación Profesional a todas las islas.

 

La internacionalización de la educación.

 

Canarias goza de unas condiciones privilegiadas para convertirse en una plataforma internacional de cooperación educativa, un espacio que favorezca el intercambio de ideas y conocimientos entre países de distintos continentes y un lugar idóneo para quienes quieran formarse en nuestro sistema educativo. Debemos potenciar el atractivo y la competitividad de nuestro archipiélago resaltando las enormes virtudes que atesora para promover la educación internacional como factor clave de desarrollo social y económico.

 

Para hacer efectiva esta apuesta por la internacionalización se deben considerar factores de suma importancia, como el establecimiento de itinerarios formativos y líneas de investigación conjuntas con socios de otros países, la creación de redes de cooperación educativa internacional, el reconocimiento académico de las estancias en el extranjero, el fomento de la acogida de estudiantes internacionales, el aumento de la participación en programas de movilidad internacional, o la integración de la dimensión global e intercultural de la educación en los programas de aprendizaje de lenguas extranjeras.

 

La organización y el funcionamiento de los centros educativos.

 

La apuesta por el sistema educativo debe ser también la apuesta por una red de centros docentes modernos, seguros y bien equipados, que posibiliten una práctica docente de calidad adaptada a las nuevas necesidades de nuestra sociedad.

 

La organización de los centros en el ejercicio de su autonomía, a través de un liderazgo comprometido y responsable, debe ser un reto para la administración educativa. Los equipos directivos deben trabajar en las condiciones idóneas y con las herramientas necesarias para hacer frente a las dificultades del día a día de un centro educativo.

 

La administración debe abordar algunos aspectos, como la optimización de la red de centros, la simplificación administrativa, la correcta gestión del personal no docente, o la mejora de los canales de comunicación entre los órganos directivos y los centros educativos.

 

La Educación Infantil 0-3 años.

 

El impulso de la Educación Infantil de 0-3 años debe ser una prioridad que favorezca el desarrollo social y educativo del alumnado desde edades tempranas y la conciliación laboral de las familias. En la línea de lo establecido en la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria y en Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, se debe ampliar la oferta del primer ciclo de Educación Infantil aumentando progresivamente las plazas en la red de centros públicos de Infantil y Primaria. Al mismo tiempo, es necesario establecer mecanismos de colaboración y de apoyo a los centros de titularidad municipal o los centros privados autorizados que imparten esta etapa educativa.

 

Las Universidades.

 

El desarrollo económico de Canarias no puede construirse de espaldas a las universidades e, igualmente, la oferta universitaria debe responder a las necesidades de nuestro territorio. Hay que trabajar codo con codo con nuestros centros universitarios para mejorar la oferta de las universidades públicas y hacerla más atractiva para construir entre todos una sociedad mejor preparada para afrontar los retos económicos, sociales y culturales que deberá afrontar Canarias a medio y largo plazo. La adecuación de las titulaciones universitarias canarias a la demanda actual de la sociedad, así como su adaptación a las profesiones emergentes debe ser una prioridad. Para ello es fundamental impulsar la internacionalización de las universidades canarias y la mejora de la competencia en lenguas extranjeras de los egresados de nuestras universidades. Por otra parte, la apuesta por la I+D+i en las universidades, en estrecha colaboración con una Formación Profesional de grado superior moderna y de calidad, posibilitará la conformación de un espacio de Educación Superior en Canarias no solo accesible y atractivo para nuestros universitarios, sino también para estudiantes de otras nacionalidades que vean en nuestras universidades una oportunidad de futuro.

 

 

4.- Más sanidad pública tras la pandemia

 

La Sanidad no es patrimonio de nadie. Es un servicio que nos pertenece a todas y a todos. Un servicio que precisa de la máxima participación de los profesionales, los pacientes y la propia ciudadanía para ofrecer sus mejores resultados. Que no entiende de buenos ni malos; ni de enfermedades frecuentes ni raras; solo entiende de personas. Un servicio que no puede ser igual para todos sino para el que más lo necesite.

Esto es equidad.

 

Lejos de aquellos que pretenden patrimonializar la sanidad pública, el objetivo en el que debemos depositar todas nuestras fuerzas es en la búsqueda constante de la calidad de la gestión y la participación de los profesionales, los pacientes y los ciudadanos. Son ellas y ellos los que viven el día a día en la red de los centros de atención sanitaria y son ellos y ellas los que mejor saben cuáles son las medidas que se deben aplicar para buscar la solución a cada uno de los problemas.

Esto es participación.

 

Vivimos en un territorio discontinuo, pero debemos aspirar siempre a que el mapa sanitario de Canarias sea el de una tierra única. La equidad social, como antes decíamos, frente a la discriminación. Una aspiración que pasa necesariamente por seguir con la actualización y la mejora de aquellos planes que iniciamos durante nuestra última etapa en el Gobierno, como por ejemplo la prevención y atención de los ictus, los infartos, las estrategias de atención a la cronicidad, a las enfermedades raras o la de los cuidados paliativos… y aquellos otros planes que tras esta pandemia han dejado de manifiesto las carencias que supuso su no desarrollo y continuidad, y que es necesario retomar. Como es todo lo relativo a la ATENCION PRIMARIA, con estrategias como +AP, que se apoyan en acciones como el PLUSCAN, en las herramientas de comunicación que desarrollamos y que han mejorado el acceso a la información personalizada (miSCS, miHistoria, etc.) y en la reactivación de la Carrera Profesional, entre otras cuestiones, para así posicionar la Atención Primaria en el nivel que necesita Canarias. Y el PLAN DE SALUD MENTAL de Canarias, (que abarcaba áreas como la lucha contra el estigma; salud mental y género; atención a las personas de edad avanzada; y prevención y tratamiento de la conducta suicida.).

Esto es planificación, SANIDAD PLANIFICADA

 

 

Es un sector con muchas aristas, pero con un solo camino para tratar de buscar y encontrar las mejores soluciones. Y ese camino consiste en dejar en manos de los profesionales y los pacientes el diseño de un servicio que se construye día a día. Y es ahí, en ese punto, donde debemos centrar todos nuestros esfuerzos para que todas y todos nos sintamos parte de un servicio del que estemos muy orgullosos.

Esto es diálogo.

 

Tras la pandemia más y mejores recursos para la sanidad pública, atendiendo a nuestras particularidades. No podemos dejar de reivindicar al Gobierno Central la subsanación de la insuficiencia financiera derivada de un modelo de financiación sanitaria que no tiene en cuenta las circunstancias y las características especiales de nuestras islas. Financiación de los necesarios centros de referencia provocados por un territorio discontinuo , un territorio insular).

Esto es RECURSOS SUFICIENTES

 

La pandemia del coronavirus nos ha enseñado, como defendimos en nuestra última etapa, que la prevención, la planificación y la visión a largo plazo son fundamentales para robustecer nuestra sanidad pública. La pandemia ha sido la demostración de ello. Esta experiencia tan traumática, que supone una durísima batalla de nuestros profesionales sanitarios para luchar contra el virus, debe constituir un punto de partida para poner en marcha cuanto antes las reformas demandadas por el sistema de salud para la próxima década. Una sanidad que ofrezca las máximas garantías, a través de una mayor inversión, un aumento de las ratios de personal sanitario (médicos y enfermeros/habitantes) que como mínimo se aproxime a la media de los países comunitarios y un refuerzo sustancial de la Atención Sanitaria. Igualmente dar estabilidad a las plantillas del personal sanitario reduciendo la precariedad laboral e incentivando la investigación aplicada dentro de la red hospitalaria canaria.

La experiencia que estamos viviendo es muy dura y debemos aprender de ella para no cometer los mismos errores en el futuro. Durante este periodo marcado por la Covid19, mucha gente ha optado por no acudir a sus centros de salud y hospitales. Y muchos perecieron por otras enfermedades. En futuras crisis similares debemos garantizar la continuidad del trabajo en materia de prevención y la coordinación y gestión de todos los servicios necesarios para la asistencia sanitaria y que nadie se quede en el camino.

 

El proceso impulsado y coordinado por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias entre 2017 y 2019, durante la etapa de Coalición Canaria, y que se culminó en la firma del Compromiso por la Sanidad Pública Canaria por parte de más de un centenar de instituciones, sindicatos y asociaciones vinculadas al ámbito sanitario, puso de manifiesto la existencia de un gran marco de interés colectivo para situar a la sanidad pública como un pilar esencial de los servicios destinados a atender y mejorar la calidad de vida de las personas. Un pilar básico de nuestro estado de bienestar.

 

Recuperar y poner en valor la importancia de la sanidad pública para garantizar un sistema canario de salud de calidad supone un reto permanente para nuestra sociedad. Una apuesta que siempre defendimos y que ahora, tras la crisis de la pandemia del coronavirus, adquiere una importancia aún mayor para hacer frente a los nuevos desafíos a los que nos enfrentamos en el planeta.

 

En este marco, creemos necesario continuar apostando por los Presupuestos Participativos en Sanidad como mecanismo de participación, de decisiones compartidas, así como la puesta en marcha de los Consejos de Salud de la Zona y del Consejo de Salud Municipal, en municipios con más de una ZBS, así como los órganos de participación hospitalaria. Esto es Participación y escucha activa.

 

Es preciso reconocer el esfuerzo diario y permanente que realizan las personas que desarrollan su labor en todos y cada uno de los puestos de trabajo, niveles y responsabilidades e instituciones que constituyen el sistema sanitario en Canarias y es evidente que resulta imprescindible acometer con su participación un conjunto de acciones tendentes a mejorar el funcionamiento del sistema, las condiciones de trabajo y la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía. Es necesario, por lo tanto, acometer una mayor especialización del personal sanitario en las islas y acabar, a la mayor brevedad, con la precarización laboral del personal sanitario y la concatenación de contratos temporales, convirtiéndolos en contratos fijos y estables.

 

La Sanidad debe estar en sintonía y alinearse, como una oportunidad, con nuestra economía y con aquellos sectores a los que, como el turismo, puede aportar un plus de calidad y prestigio. Lo hemos vivido durante la crisis del coronavirus. Una buena Sanidad es una garantía para aquellas personas que nos visitan. Es seguridad sanitaria para los visitantes y marcará un hecho diferencial indiscutible respecto de nuestros competidores y de otros territorios. Debemos trazar vínculos y estrategias conjuntas para abrir nuevas oportunidades, tales como la explotación del turismo sanitario que servirá para potenciar el atractivo turístico de nuestra tierra.

 

Y, por último, debemos establecer un mapa de colaboración permanente entre el sistema público y privado para que los ciudadanos puedan aprovechar todos los recursos sanitarios que se encuentran a su servicio y definir protocolos de colaboración, como en el caso de la Covid19, para obtener los mejores resultados en Salud para todos.

Esto es colaboración público-privada

 

5.- Inversión social y la necesidad de un “tercer sector” fuerte

 

 

La aprobación de la nueva Ley de Servicios Sociales en mayo de 2019 suponía un avance en derechos de la ciudadanía que se ha visto incumplido con el nuevo gobierno, no habiéndose desarrollado la misma, ni siquiera lo que configura la columna vertebral de la Ley, el Catálogo de servicios y prestaciones.

 

El rechazo del sector al borrador publicado y la no consideración de alegaciones de entidades y colegios profesionales, sin negociación ni estudio compartido, suponen una grave crisis para el desarrollo y cumplimiento de la norma más importante en materia social.

 

La transición de la Prestación canaria de inserción a la nueva renta ciudadana que estipula nuestro Estatuto es, junto con el desarrollo de la nueva Ley de Servicios Sociales, un paso determinante para iniciar la inversión de la complicada situación social estructural que vive históricamente nuestro archipiélago.

 

En un momento en el que se cuenta con más recursos económicos y personales que nunca, los derechos no se cumplen, y no solo no se avanza, sino que en prestaciones como las referidas a la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia las cifras refutan el grave empeoramiento de una situación que ya de por sí era crítica tras años de infrafinanciación del Estado y las crisis económicas con las que debió implantarse, en un escenario europeo de recortes en el que los mayores esfuerzos tuvieron que ser dedicados a evitar la pérdida de plazas y el cierre de centros.

 

Las listas de espera para pensiones no contributivas o para la prestación canaria de inserción, incrementadas en una crisis social y sanitaria sin precedentes, crecen cuando se cuenta con mucho más dinero del Estado y personal para su gestión.

 

Una de las principales demandas de las personas dependientes es la necesidad de una plaza de atención pública residencial y diurna, motivo por el que en el año 2017 se acordó con los cabildos una inversión de más de 100 millones de euros para la construcción de aproximadamente 5.000 plazas nuevas. Han pasado 5 años y no se puede ni considerar un mínimo porcentaje de crecimiento, habiéndose perdido los fondos que para ello se destinaron.

 

Las relaciones con las entidades y colegios profesionales del sector pasa por su peor momento en los años en los que más necesaria ha sido su labor, con desacuerdos y diálogo roto en cuestiones clave como la financiación por convocatorias, IRPF, o concierto social, pero además en grave desacuerdo con las formas y fondo de los trabajos para el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales a la que no se ha dotado tampoco del presupuesto finalista y específico con que debía contar en cada ejercicio presupuestario, habiendo perdido para su puesta en marcha 165 millones de euros.

Esta situación nos obliga a estar más cerca de quienes no encuentran respuesta ni escucha en el Gobierno canario.

 

Hoy queremos abordar la situación con quienes lo están viviendo en primera línea y sobretodo agradecerles la labor en tiempos tan duros, un servicio a la ciudadanía impagable que no puede ser cuestionado. La respuesta, la participación y aportación de quienes en el territorio, desde la profesión o desde una entidad social, o quizá como mero ciudadano o ciudadana que reclama ser atendido, no se puede seguir dilatando.

Hoy, no solo escuchamos y tomamos buena nota para incorporar sus propuestas a nuestra hoja de ruta con compromiso y lealtad, también queremos presentarles y construir con ustedes el Plan de rescate social que este momento requiere.

 

PLAN DE RESCATE SOCIAL

 

Entre las medidas urgentes que proponemos.

 

  • Creación de la mesa permanente de aprobación, seguimiento y evaluación del Catálogo de servicios y prestaciones sociales que mandata la Ley, con participación del sector, reformulará y negociará las mejoras o modificaciones necesarias para contar con un documento de consenso que responda a los derechos de la ciudadanía. Sin ello no solo La Ley se convierte en papel mojado, sino que no puede avanzarse en la concertación social.

 

  • Revisión y análisis con la FECAI de la situación deficitaria de plazas sociosanitarias y la falta de ejecución de los convenios financiados y puestos en marcha por el gobierno anterior.

 

  • Aprobación definitiva de la Renta ciudadana utilizando como unidad de referencia el IPREM, que el Gobierno ha estimado como la cifra mínima de ingreso mínimo vital.

 

  • Urgente aprobación del Plan de Lucha contra la pobreza, con especial atención a la pobreza infantil, tal y como exige la Ley de Servicios Sociales, y cuya estrategia ya quedó determinada en el mandato anterior, estando únicamente pendiente de su transformación en Plan con ficha financiera plurianual. Recuperación del Comisionado para la Lucha contra la pobreza con dedicación exclusiva al cumplimiento de este objetivo.

 

  • Aprobación de la Ley de Tercer Sector, texto que quedó registrado en la Cámara en el mandato anterior y que ha sido abandonado.

 

  • Iniciativa para promover la mejora de condiciones en los convenios de los trabajadores del Tercer Sector.

 

  • Fomento e impulso de la responsabilidad social corporativa, promoviendo alianzas entre el sector empresarial canario y las organizaciones no gubernamentales canarias.

 

  • Bonificaciones o deducciones fiscales a las personas que dediquen un mínimo de tiempo acordado a labores de voluntariado.

 

  • Reconocimiento de méritos a los trabajadores del tercer sector en su concurrencia a convocatorias de empleo público, valorando su experiencia y especialización.

 

 

6. Igualdad: mujeres canarias, en la brega

 

Simone Beauvoir decía “No olviden jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, deben permanecer en alerta durante toda la vida”. Y a pesar de los avances que sin lugar a duda se han producido en materia de igualdad en Canarias, con gran relevancia en el campo legislativo y en el ámbito público, somos conscientes que se producen con demasiada pausa en la realidad social que vivimos actualmente.

 

La pandemia Covid19 como situación de crisis, en este caso sanitaria, nos deja un contexto social que vuelve a cuestionar los derechos de las mujeres y que, en el mejor de los casos donde no son cuestionados, no suponen una prioridad. La crisis derivada de esta pandemia vino acentuar las desigualdades sociales y la de género no es la excepción.

 

La destrucción de empleo se cebó especialmente con las mujeres, que lideramos las listas del paro en Canarias, sin embargo, no las encabezamos en recuperación del empleo. De los últimos datos, llama la atención como en menores de 25 años, contando con más formación que los hombres de la misma franja de edad, éstos se llevan la mejor parte en la obtención del empleo.

 

Obtención de empleo de la cual la sociedad estamos siendo incapaces, al menos hasta el momento, para desvincular los roles de género, los trabajos reproductivos y de cuidado siguen siendo asumidos casi en exclusiva por las mujeres. A ello sumamos que las desigualdades laborales en los contratos de las mujeres vienen en su mayoría determinados por la eventualidad en la contratación, mayor parcialidad y que los sectores “feminizados” están precarizados.

 

Si hablamos de condiciones económicas el panorama no mejora, la brecha salarial sigue siendo una realidad difícil de digerir para las mujeres que vemos como cobramos menos por realizar el mismo trabajo que los hombres. Realidad de la cual no se salva ni siquiera nuestras mujeres mayores, en las pensiones existe una brecha salarial del 26%.

 

Estamos preparadas y formadas, existe mayor porcentaje de mujeres con estudios superiores que hombres en las mismas condiciones, pero esta realidad se diluye al intentar acceder a los órganos de dirección tanto del ámbito público como privado. Todo ello contando con las dificultades inherentes a la escasa corresponsabilidad para responsabilidades familiares, con lo cual conciliar vida personal, familiar y laboral se convierten en insoportable utopía.

 

Pero de brecha salarial, techos de cristal, precariedad laboral y de la pobreza con rostro de mujer llevamos hablando mucho tiempo. Tanto como cuando empezamos a legislar para conseguir la tan ansiada igualdad de género. Con la sensación de que la teoría ya la conocemos y le pusimos hasta nombre, ¿cuándo pasamos a la práctica?

 

Las mujeres canarias siempre han hecho historia, aunque haya sido silenciada. Sosteniendo la vida a lo largo de los siglos, cuidando de las personas, aportando esfuerzos tanto en la economía de subsistencia como en la de exportación, tanto en los momentos mejores como en los de la emigración, siendo esenciales en las familias y en el desarrollo económico. Y siempre aportando mucho y obteniendo poco. Menos recursos económicos, menos reconocimiento, menos visibilidad. Poco.

 

A finales del siglo XX, llegó el momento de exigir justicia para las mujeres. Nuestra tierra asistió a la revolución feminista que recorrió la mayor parte del planeta, cambiando la mirada sobre los papeles a desempeñar por hombres y mujeres, deshaciendo mitos y estereotipos sexistas, accediendo a nuevos espacios antes reservados solo a los hombres. Y las mujeres canarias organizadas dieron un gran empujón a la lucha por la igualdad, incidiendo en la calle, en las instituciones, en las leyes, y en la construcción de nuestra sociedad.

 

La cuarta ola feminista, desde 2014 a 2020, sacudió también nuestras ciudades y pueblos. Miles de ciudadanas y ciudadanos de canarias, en gran parte jóvenes, respondieron al llamamiento a llenar las calles en el 8 de marzo, y reclamaron un nuevo impulso a la lucha contra la violencia machista, en especial contra la recrudecida violencia sexual, contra el injusto reparto de los empleos, las pensiones, las prestaciones y los recursos económicos. Exigieron atención y medios para garantizar que los cuidados a familias, infancia, mayores y dependientes no sigan recayendo sobre las agotadas espaldas de las mujeres. Denunciaron las desigualdades que afectan a las mujeres más vulnerables en los colectivos desfavorecidos: mujeres, en situación de discapacidad, mayores, migrantes, mujeres jóvenes sin empleo, trans, mujeres y niñas en situación de explotación sexual…y exigieron atención, respeto y soluciones hacia todas.

 

Pero lo cierto es que, 27 años después de la Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing, la mayor parte de los países han experimentado algún avance, pero ninguno ha conseguido lo que el mundo se proponía en 1995. Tampoco Canarias. Seguimos aún muy atrás. Los cambios son mucho más difíciles de lo que parecía, y los obstáculos SON MUCHOS. Algunos nuevos.

 

La pandemia ha puesto de manifiesto muchas debilidades en nuestra sociedad. Elevados índices de Violencia de Género, y dificultades para que se visibilicen y se combatan. Una cultura en red, que abona la violencia machista, de formas cada vez más agresivas… Elevadísima sobrecarga de responsabilidades y trabajos de las mujeres en cuanto hay el más mínimo fallo en los servicios públicos educativos, sanitarios, de atención a la dependencia, de atención a los y las mayores. Brecha de género en empleos, salarios y prestaciones. Brecha de género en las situaciones de pobreza y precariedad añadidas a las preexistentes tras la pandemia.

 

La sociedad canaria que pretendemos y por la que luchamos es una sociedad que garantiza respeto y protagonismo las mujeres, que se toma en serio las exigencias del feminismo y del ecofeminismo, que aspira a la corresponsabilidad en los cuidados de las personas entre las familias y las instituciones, entre las mujeres y los hombres. Que busca poner el centro de la política el cuidado de las personas, sin el cual no es posible el cuidado del planeta que nos exigen hoy las grades crisis planetarias.

 

Por ello nos proponemos luchar por algunas grandes líneas a favor de la Igualdad en las políticas para nuestra tierra:

 

1. Refuerzo de la lucha contra la violencia de género

 

  • Mediante nuevos avances legislativos, tanto específicos como transversales. Que incidan eficazmente en todas las formas de violencia machista, y no sólo en la violencia en pareja. Que eviten los numerosos huecos que la aplicación de las leyes contiene ahora, huecos y errores a través de los cuales se producen numerosos asesinatos feminicidas, violaciones grupales, formas extremas de explotación sexual u otros horrores que hoy azotan a nuestra sociedad.

  • Con el refuerzo de los recursos, servicios y presupuestos destinados a la prevención primaria y secundaria (favorecer el cambio cultural en clave de respeto y protagonismo a las mujeres, incidir en la educación para la igualdad y la educación afectivo sexual igualitaria y atenta a la diversidad sexual, promover alternativas al machismo en los productos culturales y en la red, proteger a la infancia ante la violencia machista que inunda la pornografía hegemónica …), y los destinados a la atención de las mujeres en situación de violencia, y a garantizar su derecho a la protección, reparación y recuperación. Ampliando los recursos alojativos, los equipos especializados, los programas y ayudas para la autonomía…

 

2. Refuerzo de todas las acciones transversales en pro de una Educación para la Igualdad. Que incida activamente en la prevención del sexismo, la discriminación y la violencia, que favorezca el empoderamiento de las jóvenes y su acceso a espacios tradicionalmente masculinizados (Ciencia y tecnología…) y que contribuya a deshacer la subordinación cultural de las niñas y mujeres. Legislación, programas, recursos, presupuestos para ello.

 

3. Promoción de acciones positivas, planes y programas para superar las brechas de género en el empleo, las condiciones laborales, las pensiones, la salud, el descanso… Con programas y acciones en las Administraciones y servicios responsables. Entender que promover el empleo no tiene por qué pasar solo por inversiones en sectores hoy masculinizados (obras públicas…), sino que contratar personas para los cuidados también es una inversión y no una carga. Y con más utilidad social.

 

4. Dar un gran salto adelante en materia de corresponsabilidad en los cuidados.

 

  • Corresponsabilidad entre mujeres y hombres, mediante políticas laborales que premien todo lo referido a la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal. Para ello, trabajar menos tiempo y mejor, y cuidar más y mejor, consumir menos y mejor.

  • Corresponsabilidad entre los hogares, el Estado y las Empresas. Ampliación de los servicios públicos de cuidado, que han mostrado su debilidad extrema desde que se desató la pandemia. Servicios a la infancia (universalizar Educación 0-3, actividades extraescolares, atención en horarios de trabajo de sus familiares, ludotecas) a las personas dependientes (centros de día), a las personas mayores (residencias públicas adecuadas, bien dotadas, con suficientes plazas, y con personal suficiente).

 
 
 
 
 

7. Las nuevas políticas de empleo en un nuevo escenario económico

 

Tasa de paro

 

  • Nos hemos acostumbrado a convivir con tasas de paro, ya no solo de dos dígitos, sino por encima del 20%. Socialmente estas cifras son inasumibles por varias razones. En primer lugar, porque se está cronificando una situación basada en capas de economía irregular y, por otra, el traslado a un proceso de cobertura pública que no siempre será posible de cumplir, ni en tiempo ni en forma. Teniendo en cuenta, a este respecto, que la tasa de paro puede colocarse en cifras menores, tal y como sucedió en el segundo trimestre de 2007, el objetivo para 2030 será el de colocar la tasa de paro por debajo de un 10% o, en su caso, en la media nacional. Tengamos en cuenta que 2018 cerró con una tasa de paro del 19,99%.

 

Legislación laboral

 

  • Independientemente de que, de forma reciente, se han llevado a cabo negociaciones en torno a la legislación laboral imperante, hay que asumir que las normas, per se, no generan empleo. El empleo es consecuencia del crecimiento económico. Por dicha razón, hay que mantener y potenciar que las relaciones laborales sigan formando parte del acuerdo social, de forma que no se tomarán decisiones unilaterales ni bilaterales sin el acuerdo tripartito entre las organizaciones sindicales y empresariales más representativas junto al gobierno dado que las relaciones laborales no son un juego de suma cero.

  • En el caso de Canarias, al ser reconocida RUP en el seno de la Unión Europea, analizando la tendencia de los datos, más allá de conservar el tratamiento específico, debe ser reforzado, principalmente en dos términos. Por un lado, el incremento de la ficha financiera destinada al Archipiélago por parte de la Unión Europea con la finalidad de alcanzar el PIB per cápita medio de España. Por otro, la exención de hasta el 50% de la cuota a la Seguridad Social de toda la población activa ocupada en las Islas relacionándola con el tiempo de permanencia de sus contratos. De esta forma, si el contrato celebrado o dispuesto tiene una duración inferior a 180 días, la exención es del 0%. Si dicha duración va desde los 180 a los 540 días, la exención sería del 25%. Si la duración de la vinculación contractual excede de los 540 días, se alcanzaría el 50% de exención. Para poder acceder a esta exención, la residencia fiscal de la empresa deberá estar radicada en Canarias con una antigüedad superior a los 180 días, tiempo idéntico de residencia que ha de cumplir la población activa. La motivación de dicha medida, más allá de disminuir la estructura de costes de la empresa canaria, mejoraría las ratios de temporalidad contractual existentes.

  • Sobre la negociación colectiva, en las empresas de más de 50 personas en plantilla, será potestativo de la mesa de negociación el disponer de un convenio colectivo de empresa, mientras que, si no se alcanzara dicho número, el convenio de sector tendría prevalencia salvo que, por acuerdo entre partes, se dispusiera otra consideración.

 

Análisis e investigación

 

El conocimiento de la estructura de nuestras relaciones laborales es indispensable para poder llevar a cabo las medidas oportunas en materia de políticas activas y pasivas de empleo. La razón de esta circunstancia se centra en la resolución de la paradoja existente entre la coexistencia de desempleo y ofertas de empleo sin la posibilidad de ser cubiertas. Dicha circunstancia se puede basar en tres variables explicativas:

 

  • Inadecuada formación de la población activa de acuerdo con los requerimientos de la estructura productiva pretendiendo dar las herramientas de adaptación.

  • Condiciones laborales inasumibles por parte de la población activa. Por ello, el pacto social entre la administración y las organizaciones económicas y sociales más representativas se muestra imprescindible.

  • Diferentes expectativas de la población general, rechazando inserciones laborales al considerar que no generan una real inserción social.

 

Teniendo en cuenta que Canarias es una de las economías que muestra una mayor vulnerabilidad y dependencia, con un tejido basado en pymes con pocas empresas de gran dimensión en donde no se intensifican los mercados internos de trabajo, desde la perspectiva del tamaño de las empresas que componen la estructura económica en Canarias, y desde el punto de vista del empleo, se podría decir que el 51,45% de las empresas tienen entre uno y dos empleos, incrementándose el porcentaje hasta el 74,16% si incorporamos los 5 empleos. Si llegáramos a 9 empleos el porcentaje alcanza el 85,19%. Con menos de 50, se alcanza el 97,56%. Por ello, es conveniente la disposición de políticas económicas en materia laboral adecuadas a dicha dimensión con el fin de equiparar las oportunidades desde la perspectiva de la competitividad.

 

Condiciones de trabajo

 

La calidad del empleo no solo hay que analizarla desde la perspectiva entre la retribución y la duración de la vinculación contractual. También hay que incorporarle la seguridad y salud como componentes innegables e irrenunciables adscritos al mismo. Por esa razón, salvo en 2017 y 2018, la siniestralidad laboral siempre ha estado paralelizada a la actividad económica. Por esa razón, se han de habilitar medidas anticíclicas en pro de la disminución de dicha siniestralidad hasta alcanzar la media europea a aparte de culminar el 2030 con una nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

 

Con la finalidad de minimizar la conflictividad laboral, se ha de plantear un órgano arbitrado por parte de la administración pública que podrá ser solicitado de forma voluntaria por parte de alguna de las partes.

 

 

 

8.- Modernización y excelencia del turismo

 

Nadie duda sobre la importancia del sector turístico en el desarrollo de Canarias. El turismo es la locomotora de la economía insular, por su contribución en términos directos e indirectos al conjunto de la economía y el empleo, a lo que habría que sumar las rentas que se derivan del mismo. Esta certeza se ha visto particularmente evidenciada durante la pandemia: nuestra especialización productiva también implica un elevado nivel de dependencia y de fragilidad, en este caso por fenómenos de escala global totalmente ajenos al mismo.

 

Por poner un ejemplo muy gráfico: en 2020, el descenso de un 70% en la llegada de turistas se ha traducido en una caída del PIB del 18,1%, y todo ello con una cifra total de trabajadores sin empleo o en suspensión temporal de empleo que superó las 360.000 personas, la más alta de las comunidades autónomas españolas. Pese a la fortaleza y capacidad de adaptación del sector, las continuas restricciones en la movilidad internacional y en la interacción social provocadas por las sucesivas oleadas de la pandemia traen como consecuencia que el sector turístico se enfrente a una recuperación lenta y con altibajos.

 

Canarias es un destino de éxito, referente en el mundo, especialmente en el segmento más competitivo, el vacacional de sol y playa. Canarias es la primera región europea en pernoctaciones. Recibimos más turistas que países que son destinos turísticos reconocidos.

 

Sin embargo, se produce la situación paradójica de que estos indicadores que nos colocan en los primeros puestos turísticos conviven con indicadores de desempleo y pobreza que nos sitúan en los puestos de cola en la Unión Europea.

 

La crisis económica y turística derivada de la pandemia del COVID-19 debe servirnos para producir una reflexión sobre el modelo turístico y su inserción en el modelo económico, social y medioambiental de Canarias. Aunque necesitamos recuperar un volumen importante de turistas para garantizar el funcionamiento del sector turístico canario, esto puede no resultar suficiente para garantizar la competitividad futura del propio sector. Hacer lo mismo que antes no es ya una opción. Por el contrario, esta crisis abre una ventana de oportunidades para la transformación del sector turístico hacia un modelo menos dependiente de la turoperación, más sostenible, digitalizado e intensivo en conocimiento. Hacia un turismo mejor, en definitiva, igualmente pujante pero más innovador y a partir de ello comprometido con la prosperidad colectiva y la mirada a largo plazo.

 

Pensemos en la propia competitividad del sector turístico, la preservación de nuestros frágiles ecosistemas insulares, el bienestar de los residentes, el impacto socioeconómico de la actividad turística. Se trata de conceptos que inciden en la conveniencia de repensar nuestro modelo y asumir nuevos retos ligados a la sostenibilidad, en su triple acepción: económica, medioambiental y social. Necesitamos mejorar la contribución del turismo al bienestar de la población canaria en general, y hacerlo a través del consenso social.

 

Canarias puede convertirse, en el marco de la UE, en un laboratorio en potencia para el desarrollo un turismo más sostenible y más justo que permita poner en marcha mecanismos por los que el impacto de la huella de carbono que suponen los viajes pueda compensarse en el destino, tanto desde el punto de vista de la reducción del impacto medioambiental de los servicios turísticos como por su contribución al bienestar económico y social, fomentando que los beneficios del turismo se extiendan a las personas, tanto a los visitantes como a los residentes, a las actividades locales y al territorio.

 

La sostenibilidad medioambiental, la transición hacia una economía neutra y la lucha contra el cambio climático deben ser objetivos irrenunciables para Canarias. Sin embargo, nuestra dependencia del transporte aéreo y la falta de alternativas reales al turismo para el desarrollo económico de las Islas, deben mantenernos vigilantes de las medidas que se establezcan en el ámbito de la imposición sobre los combustibles o sobre la reducción de emisiones de carbono, que deben ser moduladas por sus posibles consecuencias negativas sobre la movilidad de los residentes y sobre la competitividad del sector turístico. Ese y no otro es el fundamento de una transición justa, que constituye acaso el gran desafío de la descarbonización de la economía en todo el mundo desarrollado.

 

Por otro lado, el debate sobre la especialización turística, propiciada por nuestros recursos naturales, y la diversificación está siempre latente en los discursos sobre el modelo económico y la estrategia de desarrollo del Archipiélago. Cualquier estrategia de diversificación económica en Canarias debe realizarse desde y a partir del turismo, más allá de la actividad alojativa, la restauración o los servicios turísticos básicos, hacia actividades intensivas en conocimiento, con mayor valor añadido y que generen empleo cualificado respaldado por una formación adecuada, propiciando la generación de valor en actividades vinculadas con la inteligencia turística, la gestión del big-data, la energía, la arquitectura, la ingeniería y la tecnología para instalaciones turísticas, la formación, la consultoría avanzada, el desarrollo de software y el marketing turístico, la salud y el bienestar, la movilidad sostenible, la valorización de la biodiversidad o en el diseño de experiencias con mayor valor añadido en los ámbitos de la gastronomía, la cultura, el bienestar o el deporte. Se trata, por tanto, de innovar y extender el abanico de actividades económicas a partir del sector en el que tenemos claras ventajas competitivas para que surjan y se consoliden nuevos vectores de progreso para la economía real de las Islas.

 

Hay que ser claros en este punto: no se trata de reducir la aportación del turismo, sino de aprovechar la demanda turística y las sinergias con otros sectores para generar crecimiento económico en una estructura económica más diversificada. Un verdadero “liderazgo inteligente del turismo”, que debemos abordar desde ahora, con una adecuada planificación de los fondos europeos de recuperación y de cohesión que vamos a gestionar durante los próximos años y que nos permitan alcanzar una mayor solidez del tejido socioeconómico y una mejora evidente en la sostenibilidad del modelo económico canario.

 

Por su transversalidad y por su importancia estratégica, el turismo debe estar en el centro de la actuación pública, aprovechando la demanda ya consolidada para impulsar el desarrollo de otras actividades, especialmente en el sector primario y la industria. Y todo ello alineado con los objetivos de digitalización, de transición ecológica, del impulso a la economía circular y la economía azul, que no podrán alcanzarse sin integrar en sus planes de actuación al turismo.

 

Necesitamos que el turismo mejore su aportación a la economía, a la sociedad y al medio ambiente de las Islas. No es tanto una cuestión de ir a más, sino de ir a mejor. Porque sí, el turismo canario hace las cosas muy bien, pero esa posición de partida es argumento para cultivar una cultura de la excelencia permanente, nunca puede ser pretexto para caer en la autocomplacencia. El objetivo es promover una evolución de nuestro modelo económico, a partir de un turismo más sostenible que genere mayor valor añadido, con más conocimiento e innovación y con una mejor formación como herramientas para la competitividad y la sostenibilidad en el tiempo de nuestro modelo turístico. Los retos para afrontar de forma decidida una transición hacia un modelo más innovador, más ecológico, más sostenible y también más preocupado por el impacto social que genera en puestos de trabajo, salarios, condiciones laborales o en nuestra propia cultura e identidad. El objetivo es alcanzar un modelo turístico que genere sinergias para un empleo cualificado, el bienestar social y el medio ambiente, porque ese será también un sector turístico más fuerte y con mayor consenso social. Y debemos tener claro que es un objetivo posible.

 

 

9.- Kilómetro cero: soberanía alimentaria y producción elaborada en Canarias

 

Para cumplir con los objetivos de la soberanía alimentaria, es imprescindible la recuperación de fincas abandonadas, así como cualquier suelo apto para uso agrícola que no se esté explotando, por lo que las distintas administraciones deben apostar por herramientas que incentiven que se ponga en producción estos suelos, así como mecanismos que impulsen y faciliten distintas fórmulas de gestión.

 

Tres son los principios fundamentales a los que debe aspirar siempre un pueblo, y más en el caso de Canarias, por su aislamiento y fragmentación, para tratar de ser lo más independiente y lo menos vulnerable posible, especialmente en periodos excepcionales como el que hemos vivido durante la pandemia del coronavirus. Esas tres aspiraciones son: la soberanía energética, la soberanía hídrica y la soberanía alimentaria.

 

Pese a que vivimos en un mundo globalizado, en el que las principales crisis y desafíos requieren soluciones globales, cada pueblo, cada tierra, debe contribuir a generar los recursos imprescindibles para abastecer a sus ciudadanos con unos criterios sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.

 

La lucha por la soberanía alimentaria es la lucha por el futuro de Canarias. Vivimos en un territorio fragmentado, aislado del continente europeo y en una época histórica en la que la extinción de los aranceles comerciales nos sitúa en un momento crítico en el que debemos ser valientes apostando por la defensa y el impulso de todas las actividades económicas que engloba nuestro sector primario.

 

La soberanía alimentaria tiene que ser un reto por nuestro firme compromiso con el futuro de nuestra tierra y por nuestra obligación con las futuras generaciones. Compromiso con un sector que nos alimenta, que protege nuestro paisaje, que lucha día a día contra el cambio climático, la erosión del territorio, la desertización y contra el abandono del mundo rural, de nuestra cultura e idiosincrasia. Y una obligación y una responsabilidad con quienes nos sucederán en nuestra tierra.

 

Las ventajas a corto, medio y largo plazo son incontables. Los alimentos son mucho más frescos y, por tanto, más sanos. Y es una de las mejores herramientas para reducir la huella de carbono y para luchar contra el principal desafío al que se enfrenta la humanidad: el cambio climático. La tarea es titánica, pero es prioritaria.

 

El camino va a ser muy largo, pero la ruta es muy clara. Tenemos que concienciar a la ciudadanía sobre el valor de nuestros productos y tenemos también que dignificar a un sector que, pese al abandono, ha sabido resistir a las diferentes crisis. Y lo ha hecho librando una batalla diaria contra elementos internos y externos.

 

La agricultura, la ganadería y la pesca representan un sector empresarial que no tiene el peso específico del turismo, pero tiene un valor añadido muy superior. Y tenemos que protegerlo para garantizar su continuidad y su aportación en el reto de alcanzar la soberanía alimentaria. Tenemos que protegerlo consumiendo sus productos, pero también ayudándoles, a través de las políticas de compensación, para que puedan hacer frente a los sobrecostes por nuestra lejanía e insularidad. Ayudas que deben tramitarse con la urgencia que requiere el sector. Y, por último, siendo inflexibles en la denuncia constante de la competencia desleal de terceros países.

 

El programa que iniciamos en 2015, denominado “Crecer juntos”, para establecer alianzas sólidas entre el sector primario y el turístico, debe servir como referencia para trazar nuevas sinergias con la restauración y con otras actividades económicas que puedan sumar en un desafío en el que nos jugamos nuestro propio futuro.

 

Y otra tarea inaplazable, que requerirá mucho esfuerzo y compromiso, es eliminar la cadena de intermediarios en el proceso de distribución que castiga a los productores con tarifas muy bajas y a los consumidores con precios muy altos.

 

La soberanía alimentaria debe iniciar ya su proceso de crecimiento, estableciendo retos porcentuales, como se hace con las energías limpias. La situación es muy crítica y solo si asumimos ese compromiso con valentía estaríamos en disposición de luchar para evitar que con el languidecimiento del sector primario se apague también la luz de nuestro paisaje.

 

El sector primario es identidad y cultura. Y un pueblo no puede renunciar nunca ni a su cultura ni a su identidad. Para ello, debemos empezar con un simple gesto: dignificar el trabajo que, día tras día, realizan miles de hombres y mujeres en nuestra tierra. Un trabajo que, aunque parezca pequeño, tiene un valor incalculable.

 

Elaborado en Canarias

 

Además del sector primario, la industria contribuye al autoabastecimiento con la elaboración de productos propios, que nos permiten no ser tan dependientes del exterior. La crisis del coronavirus, al igual que para el resto de los sectores, supuso un duro revés para nuestra industria, con pérdidas superiores al 70% en aquellas empresas muy vinculadas al turismo y la hostelería. Y ahora ha iniciado una larga travesía, que muchas han aprovechado para la reconversión de sus líneas de producción para la elaboración de productos necesarios para la crisis sanitaria, la reducción de costes y para ser más eficientes y competitivos.

 

El futuro de muchas empresas depende, a corto plazo, del éxito del movimiento que se ha generalizado para promover el autoabastecimiento y la necesaria apuesta de los residentes, los turistas y las empresas por los productos “elaborados en Canarias”. Un movimiento que, en la actual crisis, es vital para el mantenimiento del tejido industrial canario y de los miles de empleos vinculados a este sector, prestando especial sensibilidad y atención al apoyo e impulso del sector artesanal en todas sus disciplinas, como fiel reflejo de la conservación del patrimonio cultural canario.

 

Además de las secuelas del coronavirus, la industria canaria observa con preocupación las consecuencias del Brexit, la inestabilidad política internacional, especialmente en el seno de la Unión Europea, con la incertidumbre añadida sobre las ayudas que percibirán las regiones ultraperiféricas, sobre las que se cierne la amenaza de la pérdida del 80% del nivel de cofinanciación y de las ayudas en el próximo periodo 2021-2027.

 

Este es, en líneas generales, el marco actual y las perspectivas más inmediatas. Son, lamentablemente, muchos los nubarrones que impiden que las empresas analicen con optimismo un futuro en el que se plantean los siguientes desafíos:

 

• El cambio climático y las políticas que inciden sobre la descarbonización y la sostenibilidad industrial, que suponen mayores costes por la responsabilidad ampliada del productor.

• La necesidad de reducir el coste energético.

• La internacionalización de las industrias.

• La transformación de la cadena de valor.

• El necesario aumento del tamaño empresarial.

• La digitalización de todo el negocio industrial.

• Los cambios del consumidor y de los hábitos de consumo.

• La deslocalización de actividades industriales

• El desarrollo de nuevas actividades vinculadas a la economía circular y azul.

 

Estos retos nos van a obligar a diseñar un plan de acción específico en el ámbito de Canarias y del propio Estado para apoyar e impulsar la industria isleña. Un plan en el que se reafirme su consideración como un sector estratégico por tratarse de un motor para nuestro desarrollo económico y un elemento clave para nuestra competitividad.

 

Será fundamental que se incrementen los apoyos y se desarrollen las políticas orientadas a facilitar la inversión, la innovación y la diversificación.

 
 
 

10. Ciencia e innovación para una economía resiliente

 

La actual crisis sanitaria del Covid19 y las consecuencias económicas y sociales que está sufriendo Canarias son un estímulo para acelerar la transformación y diversificación de nuestra economía. Debemos apoyarnos en un nuevo tejido productivo que genere empleo estable y de calidad y refuerce nuestro compromiso por el talento que vive o que decide establecerse en las islas. Para avanzar hacia este objetivo, la apuesta por la ciencia y la innovación debe convertirse de forma creíble en uno de los pilares de nuestro crecimiento económico. Tenemos que aspirar a una sociedad más próspera y justa que ofrezca buenas oportunidades e integre en su economía a todos los ciudadanos. Esta fórmula no solo atrae inversión y genera riqueza, sino que nos prepara para afrontar crisis venideras con mejores garantías y para combatir de forma más eficaz la pobreza, el populismo o la desigualdad. Ganar la batalla por retener y capturar talento y competir en igualdad de condiciones con otras regiones avanzadas dentro de una economía altamente globalizada debe ser una prioridad. Un territorio débil desde el punto científico y tecnológico es más vulnerable a los cambios y retos que tiene por delante. La pandemia y el volcán de La Palma ha demostrado la importancia de disponer y tener acceso a este tipo de capacidades.

 

Canarias debe reconocer y poner en valor el esfuerzo de los empresarios, de los emprendedores y de los trabajadores canarios. La construcción económica del archipiélago no ha sido fácil ni inmediata y queda mucho por hacer. No solo somos una región turística reconocida a nivel global. Otros sectores productivos también demuestran la iniciativa emprendedora que nos ha permitido ir superando los niveles de pobreza del pasado: desde la cultura y el arte a la industria naval ligada al sector portuario; desde la agricultura a los pequeños negocios de miles de autónomos… Hemos llegado a donde estamos gracias al sacrificio y la ilusión de miles de empresarios que en su gran mayoría se han formado a sí mismos y han aprendido luchando. Partiendo de esta experiencia y contando con la generación más formada de nuestra historia, debemos ahora redirigir nuestro crecimiento económico de lo cuantitativo a lo cualitativo. El crecimiento no es un fin en sí mismo, sino un medio para mejorar nuestro desarrollo. Hay que definir y apostar con visión de futuro por nuevos motores de creación de riqueza que sirvan al objetivo de situarnos no solo como una región privilegiada y reconocida por su clima o su naturaleza, sino por las posibilidades que ofrece para que cualquier persona alcance aquí sus expectativas personales y obtenga el reconocimiento profesional al que debe aspirar. Sin cuestionar las bases sobre las que hemos construido nuestro desarrollo, que deben seguir el actual proceso de modernización y transformación digital, Canarias debe evolucionar su modelo económico y crear y propiciar actividad económica innovadora capaz de ofrecer otro tipo de valor añadido que complemente y refuerce lo que ya existe.

 

Sin lugar a dudas, los niveles de inversión pública y privada de investigación y desarrollo en Canarias están lejos del umbral europeo. Es discutible si estas cifras son la causa o la consecuencia de las propias características del sistema productivo regional o si debe tenerse en cuenta que este tipo de indicadores no contempla las circunstancias específicas del punto de partida del desarrollo y la estructura económica de cada territorio, o de especificidades de archipiélagos como el nuestro. Pero los datos no son satisfactorios y nuestras circunstancias como región ultraperiférica no pueden servir de excusa. La apuesta por la creación de valor a través de actividades de investigación y de innovación debe ser una prioridad y depende y es responsabilidad de nosotros mismos.

 

La inversión en I+D tiene un impacto positivo sobre la productividad de nuestras empresas y es imprescindible para responder con solvencia a los actuales desafíos económicos, sociales y ecológicos. Nuestro modelo de desarrollo futuro no pasa por el consumo de más territorio ni por la explotación de recursos naturales de manera insostenible, sino por generar conocimiento de calidad en nuestros centros de I+D y empresas y transferirlo de forma más rápida y efectiva al sistema económico. La cadena de valor del conocimiento, con la implicación de los agentes públicos y privados relevantes, debe recibir atención y una inversión sostenida, con un seguimiento más estricto y ordenado sobre los retornos que se esperan en el medio y largo plazo. Los fondos europeos que espera Canarias solo deben servir para apoyar esta visión.

 

Es cierto que la capacidad de absorción de innovación de Canarias ha encontrado cuatro hándicaps importantes. Por un lado, la escasa inversión en I+D+i de nuestras empresas. Sin departamentos de I+D y desarrollo tecnológico es más difícil que surjan proyectos colaborativos donde la transferencia de conocimiento y de know-how o el desarrollo de nuevos productos tecnológicos se implemente de forma efectiva. Por otro lado, la distancia física de nuestro archipiélago a los principales centros de innovación europeos, impidiendo efectos de spillover. La reflexión pendiente sobre retos del archipiélago ligados a geografía de la innovación es hoy tan relevante como lo fue décadas atrás reivindicar nuestro posicionamiento geoestratégico. Junto a esto, los problemas de gobernanza y liderazgo para crear un sistema de innovación regional fuerte y cohesionado en un territorio fraccionado y desigual en términos económicos y sociales, con estrategias que deben coordinarse y optimizar las ventajas comparativas existentes.

 

Y, por último, las dificultades que han existido para alcanzar una mayor colaboración público-privada alrededor de la I+D+i. La dimensión de los retos que existen en Canarias no ha encontrado una respuesta a la altura por parte del conjunto de agentes públicos y privados de las islas, y por ende, la implicación y atracción de inversión o conocimiento del exterior. Debemos identificar juntos qué grandes proyectos transformadores pueden darle un giro a nuestro crecimiento económico. Observando la relación entre inversión pública y empleo y número empresas innovadoras creadas, o el acceso a fondos europeos en I+D de nuestros centros públicos, grandes empresas y pymes, los resultados de las políticas de apoyo al emprendimiento, la innovación, la ciencia y la tecnología son mejorables. Además, es necesario extender al conjunto de la región - no solo a las principales zonas urbanas - los recursos y posibilidades que están disponibles para que el emprendimiento y la innovación sea una opción de futuro. Es preciso visibilizar casos de éxito locales y crear relatos para inspirar y estimular a nuestros jóvenes para que persigan sus sueños.

 

Dado que la ciencia e innovación no tienen fronteras, también la manera en que las instituciones deciden la aplicación de sus políticas debe ser más ambiciosa e integral. La apuesta por la atracción de inversión, la internacionalización y la innovación tecnológica no debe diseñarse y ejecutarse desde compartimentos estancos que eluden por su complejidad el reto de vivir en una economía global y que nuestro futuro está ligado estrechamente a lo que sucede fuera de las islas. Las instituciones públicas canarias deben navegar con recursos, mejores herramientas y preparación la conexión que existe entre la economía física y los flujos digitales globales, que hoy superan en cantidad al comercio internacional tradicional. Los instrumentos fiscales que disponemos deben estar actualizados para atender a las necesidades de empresas tecnológicas. Falta un debate honesto y autocrítico sobre qué tipo de empresas necesitamos que se establezcan en Canarias, qué es posible y realista y en qué plazos, y qué cuellos de botella hay que atacar para que eso ocurra. La administración pública debe escuchar más y mejor lo que demandan estas empresas emergentes y ser más rápida en la implementación de los instrumentos necesarios.

 

En todo este proceso es fundamental sumar el esfuerzo de las dos universidades públicas canarias. Para participar en la economía del conocimiento, los centros educativos de las islas tienen que ser reconocidos por ofrecer una educación moderna y de excelencia que esté alineada con las necesidades de la industria. Las nuevas tecnologías están revolucionando la educación y la formación en todo el mundo. Por este motivo, la transferencia del conocimiento generada dentro de nuestras universidades va a ser determinante tanto para su modelo de crecimiento y consolidación como para el impacto económico y social que dejen a la sociedad. La posición geográfica de Canarias nos permite jugar el papel de hub internacional de educación en esta parte de África, propiciando un capital humano más diverso que nos enriquece como región.

 

En resumen, Canarias no puede esperar más a movilizar e implicar más actores en el rápido proceso de transformación económica que conlleva el cambio tecnológico y la globalización. La apuesta por la ciencia y la innovación como vía para la diversificación económica es una estrategia inaplazable en regiones como la nuestra, que aspiran a seguir progresando y crear riqueza y prosperidad salvaguardando la sostenibilidad de su territorio y el bienestar de su población.

 

11.- Internacionalización: Canarias, una oportunidad en el Atlántico Medio

 

Se trata de un objetivo tantas veces perseguido, pero muy pocas veces alcanzado, que la pregunta que todos nos hacemos es cómo estando tan cerca seguimos estando tan lejos del continente africano. Apenas nos separan noventa kilómetros, pero la distancia en las relaciones entre una parte y otra sigue siendo casi un abismo, pese a que todos los análisis coinciden en que los beneficios mutuos serían notables, como plataforma tricontinental entre África, América y Europa.

 

Los datos nos indican que nos encontramos en un espacio que progresa. El continente africano creció, entre 2000 y 2018, una media de 4,6%, situándose como la segunda región con un mayor desarrollo después de Asia. Un crecimiento motivado en un 69% por la demanda interna, impulsada por una creciente clase media, que se sitúa en más de 300 millones de personas, y que continuará aumentando en la medida en que los países se vayan desarrollando.

 

Más datos: la población de África se multiplicará por dos hasta 2030, pasando de 1.200 a 2.500 millones de personas. Las previsiones señalan que, en 2050, una de cada cuatro personas vivirá en el continente africano. Un continente rico en recursos naturales, con un 24% de su extensión apto para tierras cultivables y un tercio de las reservas mineras.

 

Estos datos objetivos nos indican que, en un futuro muy próximo, la mayoría de los países africanos llegarán a su mejor posición económica y social de su historia, y Canarias está en una posición geográfica inmejorable, con un gap de conocimiento que debe aprovechar para establecer alianzas, propiciar proyectos comunes y diversificar su economía a través del comercio, las nuevas tecnologías y la exportación de nuestro “know how” sobre energías renovables, turismo, etcétera.

 

Las ventanas que pueden abrirse son muchas. Comenzando por el sector comercial, existen unas oportunidades que, hasta ahora, no hemos sido capaces de articular, aprovechando el potencial que representa nuestra cercanía. Es fundamental desarrollar las oportunidades que ofrece el e-comerce, con las necesarias reformas del REF para que el comercio on line no siga siendo un impedimento. Contamos, además, con una muy buena conectividad marítima y aérea, que es fundamental para el desarrollo del comercio y para el impulso de la tan ansiada plataforma de comercio entre Europa y África.

 

Las oportunidades transversales en el ámbito del conocimiento son enormes en áreas donde debemos también avanzar, como es la digitalización y, en general, todas las iniciativas relacionadas con cambio climático, especialmente en materia de energías renovables. Nuestras universidades deben jugar, en este sentido, un papel fundamental en la formación y el intercambio de conocimientos con centros académicos y empresas de nuestro entorno geográfico.

 

Para ello, existe un déficit que debemos corregir lo antes posible. Debemos apostar por reforzar y mejorar la formación lingüística e idiomática, especialmente en aquellas lenguas que se hablan en los países que son nuestros principales destinos para la internacionalización de la empresa canaria, en los que predominan el francés y el portugués. No podemos relacionarnos ni fomentar los vínculos con nuestros vecinos si no somos capaces de comunicarnos en su mismo idioma.

 

Existen muchas actividades económicas en las que podemos establecer alianzas: turismo, energías renovables, servicios técnicos agrarios, servicios sanitarios, gestión portuaria y aeroportuaria, ingeniería, agua, entre otras. El impulso de las relaciones en estas actividades y en otras que se puedan explorar a medida que se consoliden las relaciones pasa necesariamente por regular mejor la movilidad de las personas y la cooperación. No nos podemos olvidar de nuestros principales competidores para promover la internacionalización de la empresa canaria, fortalecer el tejido empresarial canario y atraer inversiones de sectores estratégicos hacia Canarias, como son los países de Francia, Países Bajos y Portugal, por lo que debemos seguir estudiando y analizando sus características y potencial, para poder seguir siendo competitivos en el sector.

 

Y un elemento nuevo que entra en escena: en plena pandemia del coronavirus, muchas empresas que, hasta ahora, tenían sus cadenas de producción en el continente asiático han puesto su punto de mira en África. En este sentido, podría cobrar especial relevancia el Área de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA), proyecto estrella de la Unión Africana, y cuyo régimen comercial sin aranceles entrará próximamente en vigor.

 

Los líderes africanos están enfatizando la necesidad de implementar el AfCFTA como instrumento clave para la sustitución de los proveedores internacionales por productos y proveedores africanos. La actual pandemia está favoreciendo en este sentido el inicio de la producción de productos sanitarios a nivel africano. Sin embargo, para que el AfCFTA sirva para fortalecer las cadenas de valor regionales y contribuya a incrementar el comercio interno, se requiere no sólo retórica política sino además transformaciones económicas y mejora en la red de infraestructuras. Una transformación que debe aprovechar nuestro archipiélago.

 

La nueva estrategia para África de la Comisión Europea podría brindar una nueva oportunidad de recuperar la influencia económica y política perdida en el continente. Y Canarias, como región europea más cercana al África Occidental, no puede quedar al margen de un proceso que, después de tantos años de larga espera, podría pon fin ser una realidad.

 

El “¿qué?” frente al “¿cómo?”

 

Tras muchos años hablando de Canarias como plataforma tricontinental, de lo esencial que son nuestros incentivos fiscales para nuestro futuro económico, de diversos “tiras y aflojas” con los gobiernos centrales de turno sobre la aplicación del REF, es posible que en Canarias no hayamos puesto el foco con el nivel de intensidad adecuado sobre los aspectos que tienen que ver con la ejecución, con llevar las estrategias al terreno (de ahí viene el adjetivo “operativa” que se añadió al título de la última estrategia de internacionalización, durante el mandato de Fernando Clavijo).

 

Si definimos el “¿qué?” como el conjunto de aspectos más estratégicos de la internacionalización (por ejemplo: ¿qué incentivos fiscales debemos tener?, ¿sobre qué sectores incidir? ¿qué países? ¿África sí o no?).

 

Y siendo el “¿cómo?” todo lo que tiene que ver con la ejecución (por ejemplo: ¿Cómo hacemos que se conozca más Canarias como destino de negocios?, ¿Cuáles son los canales de marketing y “ventas” más adecuados para captar oportunidades? ¿Cómo quitamos las barreras que seguimos teniendo y que hacen que muchos inversores se desanimen?

 

El “qué” por supuesto siempre se puede mejorar, pero ya existe una buena base de incentivos, de discurso, de inercia sobre sectores, países… ¿No toca ya poner el foco en el “cómo” y dar un salto cualitativo en nuestra capacidad de ejecución?. Algunos ejemplos de lo que esto significa:

 

  • ¿Cuánto presupuesto debemos dedicar a promoción? Considerando que el retorno de esa inversión es positivo (no solamente para la economía canaria, sino probablemente para la Hacienda de las distintas instituciones) … ¿no deberíamos apostar de verdad “en serio” por ello? El año que más se invirtió en marketing digital la cantidad no llegó a un millón de euros… ¿Es de verdad ese el orden de magnitud del tamaño de la apuesta que merece la atracción de inversiones a Canarias?

 

  • ¿Qué canales de promoción funcionan y cuáles no? ¿Qué canal maximiza el retorno de la inversión? ¿Es más rentable buscar nuevas empresas o potenciar el aftercare para utilizar como prescriptores a las empresas que ya están en Canarias?

 

  • Ahora que, tras la pandemia, el teletrabajo ha dado un enorme salto y parece no haber duda de que viene para quedarse. ¿Es más efectivo llegar con nuestro marketing a las empresas o a los individuos?

 

  • ¿Es de verdad imposible eliminar (o al menos reducir) las trabas burocráticas que - todavía hoy, y con ninguna señal de mejora – retrasan y desaniman las inversiones de manera recurrente? Si es cuestión de dinero, es muy posible que la inversión en mejorar esto también tenga un retorno positivo.

 

  • ¿Quién debe hacer qué entre las diversas instituciones (Proexca, ZEC, cabildos, promoción económica, Sodecan…)? ¿Qué hacer para optimizar la coordinación y maximizar el resultado?

 

  • ¿Cómo reclutar más y mejores prescriptores en los países de donde queremos atraer inversión? ¿Cómo incentivarlos adecuadamente para que prescriban a Canarias?

 

Inversión masiva en formación y empleo

 

Estos años parece haberse confirmado que los sectores que tienen más potencial para desarrollarse rápidamente y atraer más y más empresas y profesionales son los de la economía del conocimiento: el audiovisual (en particular animación, videojuegos, etc…) y el tecnológico en general.

 

Estamos hablando de sectores donde existe una penuria de mano de obra a nivel global. Las empresas ya no toman sus decisiones de inversión únicamente por los incentivos que les ofrecen las ciudades/países “candidatos”, sino por la disponibilidad de talento.

¿Hay alguna razón por la que no deberíamos hacer una inversión masiva en formación de este tipo de perfiles? En una región con una tasa de paro tan alta como la nuestra, ¿no deberíamos enfocar nuestros esfuerzos en educación y empleo hacia sectores donde la demanda de perfiles es “infinita”?

 

Hoy en día existen muchos programas de “reskilling” o reciclaje de perfiles para parados o subempleados que deberíamos podemos poner en marcha. ¿Hay alguna razón para no apostar masivamente por ello?

 

¿Qué nos impide multiplicar por 10, 20 o 30 las plazas ofertadas en FP y universidad para perfiles tecnológicos y audiovisuales? ¿De verdad que no se puede hacer?

 

Éstas no serían solamente inversiones de elevado carácter social, sino que tienen mucho sentido económico para la mejora de nuestro tejido productivo, y en particular para mejorar nuestro posicionamiento para la atracción de inversiones

 

África

 

Quizás este tema sea el que mejor refleja la necesidad de pasar del “qué” al “cómo”. Parece claro que sería un enorme error histórico no aprovechar el crecimiento económico y la modernización que se espera de los países de África Occidental, por lo que la respuesta a la pregunta “África sí o no” debería estar clara (aunque el nivel de intensidad y el ‘momento’ seguramente si son más debatibles)

 

Ahora bien, a nadie se le escapa la dificultad que – con honrosas excepciones, por supuesto- hemos tenido para desarrollar actividad económica significativa con los países de nuestro entorno geográfico en el pasado. Una vez más, la pregunta es: ¿cómo debemos hacerlo? Algunas preguntas clave:

 

  • ¿El nivel y la intensidad de recursos que hemos dedicado a África en el pasado es el adecuado?

 

  • ¿Necesitamos ayuda? ¿Quiénes deberían ser nuestros socios estratégicos para afrontar esta oportunidad?

 

  • ¿Cómo perciben a Canarias las élites económicas de los países de nuestro entorno? ¿Cómo hacer para estar más en su “top of mind”? ¿Conocen de verdad las oportunidades que ofrece Canarias? ¿Qué hacer para que las conozcan mejor?

 

  • ¿Cómo podemos minimizar los riesgos – percibidos y reales – para invertir en los países de nuestro entorno geográfico?

 

 

12. Controlar nuestro destino: nuevas relaciones con el Estado y la UE

 

Desarrollar y proteger el Estatuto de Autonomía y el REF

 

Canarias estrenó a finales de 2018 un nuevo Estatuto de Autonomía y una modificación importante de su Régimen Económico y Fiscal (REF), en especial de los aspectos económicos, después de un largo proceso de diálogo en el que participaron no solo las fuerzas políticas sino también los agentes sociales. Ello ha supuesto la actualización, después de más de veinte años, de los pilares centrales de la arquitectura política, económica, fiscal y social de Canarias, en el marco de la Constitución española y de los Tratados de la Unión Europea, consolidando la singularidad de la condición ultraperiférica de Canarias en el seno del Estado español, y ajustándola al reconocimiento europeo.

 

Ambas normas consagran la asunción por parte de la Comunidad Autónoma Canarias de mayor capacidad de autogobierno y de mayores competencias políticas, económicas y sociales, y contienen disposiciones y mecanismos que contribuyen, de manera fundamental, a la consecución de ese anhelo permanente de IGUALDAD respecto al resto de ciudadanos españoles y europeos: igualdad en derechos políticos, igualdad en las condiciones de vida de los canarios, igualdad social, igualdad entre islas e igualdad de las empresas canarias respecto a las empresas del continente.

 

Por ello, celebramos junto a la mayoría de las fuerzas políticas y los representantes de los agentes sociales la aprobación del nuevo Estatuto, porque nos otorgaba las herramientas que no disfrutaron generaciones anteriores, para labrar, por fin, un futuro esperanzador que nos permitiese, siendo diferentes, ser iguales y tener las mismas oportunidades que quienes viven en el territorio peninsular.

 

Sin embargo, el pleno aprovechamiento y desarrollo de las disposiciones del REF de Canarias, junto a las nuevas disposiciones del Estatuto de Autonomía, exige determinadas actuaciones en distintos ámbitos y desde diferentes puntos de vista, tanto en materia de financiación (asegurando que los recursos tributarios del REF no se integren ni computen en el Sistema de Financiación Autonómica, y respetando los principios de menor presión fiscal y no disminución del gasto público estatal), como respecto al necesario desarrollo reglamentario y de planificación en distintos ámbitos (por ej., Plan estratégico del Turismo, Plan de Ahorro Energético, en el ámbito del transporte aéreo, el autoconsumo energético, residuos, y un largo etcétera), el obligado desarrollo presupuestario (obligación de consignación anual en los Presupuestos Generales del Estado en numerosas materias -transporte de viajeros y mercancías, extra costes de generación eléctrica, Plan de empleo para Canarias, POSEI adicional, etc.-), e incluso un desarrollo en el ámbito europeo (principalmente, tramitación de modificaciones y prórrogas de los incentivos del REF como ayudas de estado que han de ser autorizadas por la Comisión Europea).

 

A pesar de ello, en los tres primeros años de vida de estas importantes normas, sus desarrollos han permanecido bloqueados en las sedes de los diferentes Ministerios sin que se hayan producido avances significativos, e incluso, en algunos casos, con importantes retrocesos.

 

Nos hemos pasado toda nuestra historia luchando para vencer y convencer en Madrid de la realidad de lo que supone vivir tan lejos y en condiciones tan difíciles. Y en esa lucha hemos conquistado importantes metas y garantías, como la Disposición Adicional Tercera de la Constitución Española y el artículo 167 del nuevo Estatuto de Autonomía, que exigen el informe previo del Parlamento Canario para la modificación del REF.

 

Sin embargo, en demasiadas ocasiones, el Gobierno del Estado ignora o reinterpreta dichas disposiciones, reservándose además la última palabra en caso de discrepancia, pudiendo llegar, incluso, a modificar el REF en contra de la voluntad de los canarios. Existen, sobre todo en los últimos tiempos, numerosos ejemplos, como el caso de los límites a los incentivos fiscales del cine, o el plazo de disfrute del beneficio de la Zona Especial Canarias, por sólo citar dos ejemplos.

 

Es por ello por lo que aspiramos a modificar tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía para exigir que cualquier modificación del REF requiera el informe previo y “conforme” del Parlamento de Canarias.

 

A pesar de ello, ninguna medida de salvaguardia de nuestros fueros será suficiente si la conformación de las mayorías parlamentarias necesarias para su defensa en el Parlamento de Canarias requiere de la participación de partidos de ámbito estatal del mismo signo de los que gobiernan en Madrid, a cuya voluntad se pliegan demasiado a menudo por encima de los intereses del Archipiélago.

 

Hemos trabajado codo con codo, desde todas las opciones ideológicas, para asentar los derechos de los canarios en normas en las que se recogen nuestras peculiaridades. Y lo que pedimos, con todo respeto y con toda firmeza, es que trabajemos juntos para que se cumpla.

 

Los asuntos que vivimos hoy, los debates políticos que ahora nos ocupan, pasarán. Pero el Estatuto de Autonomía de Canarias quedará para las futuras generaciones. Es el mejor legado que vamos a dejarle a nuestros hijos. Un marco para que asuman con plenitud de decisión sus propias responsabilidades con su propia tierra. Es un logro colectivo que nunca, nadie, jamás, nos podrá arrebatar. Y no vamos a permitir que la inacción de unos y la dejación de otros impida su desarrollo.

 

Las prioridades en el marco de la Unión Europea

 

La acumulación de condicionantes estructurales a los que se enfrentan de manera permanente las Regiones Ultraperiféricas (RUP), se han visto agravados, en estos dos últimos años, por la pandemia de la COVID-19, cuyo verdadero impacto económico y social aún no puede valorarse con certeza. La pandemia ha supuesto una pesada carga para los ciudadanos y las sociedades, además de someter a los sistemas sanitarios a una presión agobiante. Ha asestado, además, un duro golpe a la actividad empresarial, el empleo, el consumo y las cuentas nacionales. Canarias, ha sido, en este contexto, la Comunidad Autónoma más afectada dentro de España, sobre todo por su dependencia extrema del turismo durante todo el año y por la gran participación de esta actividad productiva en el producto interior bruto (PIB) regional y en el mantenimiento de los puestos de trabajo.

 

El Marco Financiero Plurianual 2021-2027 y la estrategia europea de recuperación y crecimiento (“Next Generation EU”) pondrán a disposición de España unos 200.000 millones de euros en los próximos años, de los cuales corresponderán a Canarias unos 7.000 millones de euros.

 

Canarias, una de las regiones europeas que más habrá sufrido el impacto por esta crisis, debe aprovechar al máximo los nuevos fondos europeos para recobrar el nivel de actividad anterior y para favorecer un crecimiento más sostenible, que contribuirá a nuestra mayor capacidad de resiliencia en el futuro. Pero se trata también de una magnífica ocasión para acometer una auténtica transformación estructural, económica y social, mediante la financiación europea de reformas que resultará imprescindibles para prepararnos para las necesidades y desafíos de las próximas décadas.

 

Estas reformas pasan necesariamente por una transformación verde y digital, una administración ágil y moderna, unas finanzas sostenibles y una economía más inteligente y más diversificada, que se apoye en el turismo, nuestra principal industria, como sector tractor, pero que apueste también por el desarrollo y modernización del sector industrial y del sector primario, y por otros nichos de actividad de alto valor añadido, conformando una economía con independencia estratégica pero plenamente integrada en la economía mundial.

 

La inversión en educación, formación y capacitación digital es, sin duda, otro vector fundamental para esa reforma estructural que puede contribuir a transformar nuestra economía y nuestra sociedad, prestando especial atención a la formación en los nuevos nichos de empleo que van a generar las inversiones (ámbitos tecnológicos, digitales, etc.) y que nos permitirán aprovechar las oportunidades de futuro. En este contexto, es necesaria la puesta en marcha de un enfoque territorializado susceptible de ofrecer apoyo a la juventud de las RUP, especialmente afectada por los efectos de la crisis en el acceso a la formación, la continuidad de los estudios, la movilidad, la incorporación al mercado laboral, la independencia económica y el acceso a la vivienda.

 

Es también primordial, en tercer lugar, garantizar la solidaridad entre generaciones, crear empleo y oportunidades en condiciones de igualdad, desarrollar las capacidades, la innovación y la protección social, implementando en Canarias los 20 principios del pilar europeo de derechos sociales para que nos ayuden a construir unos mercados laborales más justos y que funcionen mejor, así como unas redes de protección social adecuadas.

 

Canarias debe ser capaz de afrontar en los próximos años el reto de la recuperación y el de la transformación profunda de su realidad económica y social, con garantías de eficacia y sobre unas bases sólidas, pero también ha de proyectar los valores europeos en su entorno geográfico próximo y apoyarse en la solidaridad europea para atender de manera adecuada las crisis humanitarias que se originen en sus fronteras.

 

En el marco del escenario europeo 2021-2027 todo ello debe apoyarse, de manera imprescindible, en la premisa de nuestra condición de región ultraperiférica de la Unión Europea, recogida en el artículo 349 del TFUE, en el reconocimiento de las singularidades de nuestra situación específica, y en la correcta aplicación y la constante actualización de la Estrategia Europea hacia nuestras regiones.

 

La Comisión se ha comprometido a renovar nuevamente la Estrategia europea hacia las RUP, planteando la adopción de una nueva Comunicación durante la próxima presidencia francesa del Consejo, que se desarrollará durante el primer semestre de 2022.

 

En este contexto, es necesario definir con celeridad las prioridades de Canarias e influir de forma decisiva en los trabajos conjuntos para que la futura estrategia responda a nuestros intereses en ámbitos esenciales como:

 

  • la reactivación del sector turístico y la recuperación de la movilidad de manera segura, bajo criterios comunes, claros y transparentes.

  • el desarrollo del pilar europeo de derechos sociales y la necesidad de reforzar los instrumentos específicos de apoyo a la creación de nuevos nichos de actividad y al mantenimiento de empleo en los sectores tradicionales.

  • la vulnerabilidad frente al cambio climático, la dependencia de las energías fósiles, la complejidad y el coste de la gestión de residuos y la necesidad de buscar equilibrios entre los objetivos medioambientales y la transición hacia una economía circular mediante soluciones “a medida”.

  • las consecuencias humanas y humanitarias que los flujos de inmigración irregular tienen en nuestras regiones, fronteras externas de la Unión Europea, y las dificultades que conlleva la gestión de estos flujos en nuestras políticas públicas.

  • El desarrollo del papel de las RUP como “laboratorios de excelencia”.

 

Una voz propia para defender nuestras singularidades en Europa

 

La Unión Europea (UE) ha demostrado un mayor compromiso con las regiones ultraperiféricas que el propio Gobierno del Estado. En Bruselas, a diferencia que, en Madrid, no tenemos que estar recordando constantemente que nuestro territorio es diferente y que necesita recetas distintas a las que se aplican en el continente. Es un derecho que está consolidado en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE y que, a nivel nacional, se recoge en el nuevo Estatuto de Autonomía, pero que es aún es una asignatura pendiente en nuestra Constitución.

 

Es necesario afianzar y reforzar la participación directa de Canarias en Europa, para la mejor defensa de los asuntos que nos afectan. Se trata, nuevamente, de un derecho reconocido en nuestro Estatuto de Autonomía, pero que es en ocasiones aplicado o interpretado de forma insuficiente por el Gobierno del Estado. En este contexto, impulsaremos el diálogo con la Administración General del Estado en asuntos europeos, tanto a través de la Conferencia para Asuntos con la Unión Europea (CARUE), como mediante encuentros y mecanismos de coordinación bilaterales, y propondremos incorporar al Estatuto la designación por el Gobierno de Canarias, con carácter permanente, del consejero para asuntos ultraperiféricos de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea.

 

Seguiremos también defendiendo el establecimiento definitivo de la circunscripción autonómica para el proceso electoral al Parlamento Europeo. Seguimos aspirando a que Canarias sea una circunscripción electoral propia, en la que se elijan tres eurodiputados, dado que es el único territorio del Estado con estatus diferenciado en la UE.

 

En el ámbito institucional europeo, es necesario, asimismo defender el mantenimiento y refuerzo de la Unidad RUP en el seno de la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea y del Grupo de Trabajo RUP en el seno del Consejo de la Unión, e intensificar la presencia y el trabajo de las RUP en el Parlamento Europeo, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo.

 

Es necesario, asimismo, impulsar la candidatura de Canarias para ser sede de agencias descentralizadas de la Comisión Europea, como la futura Agencia Europea del Turismo, y albergar conferencias específicas de especial sensibilidad, como la lucha contra la inmigración ilegal y la responsabilidad y solidaridad de la Unión en materia de acogida.

 

Con la finalidad de defender nuestra singularidad en Europa, seguiremos liderando la cooperación con las demás regiones en el marco de la Conferencia de Presidentes de Regiones Ultraperiféricas, y acogeremos la celebración de la misma en Canarias en 2023, coincidiendo con la presidencia española de la Unión Europea.

 

La presidencia española de la Unión en el segundo semestre de 2023, como continuación de la presidencia francesa en 2022 y la portuguesa en el 2021, es una oportunidad única que aprovecharemos para situar a la ultraperiferia y a Canarias en el foco de la agenda política europea.

 

13. Inversión pública y competitividad

 

El reto para las próximas generaciones de canarias y canarios se basará en conseguir una manera eficiente de transformarnos competitivamente, complementando el hiperdesarrollado sector servicios de las islas hacia estándares de prosperidad, creando un entorno de excelencia y atractivo que ayude a añadir valor a las Islas con la combinación adecuada de factores y políticas.

 

Necesitamos conseguir objetivos y no quedarnos en el campo de las ideas. Mejorar nuestras virtudes y eliminar lo ineficiente para progresar de manera sostenible y, sobre todo, converger en políticas de cohesión social y renta per cápita suficientes y justas. Y ampliar la reducción de todas las figuras de imposición directa y cotizaciones sociales, a través de los incentivos y compensaciones del REF, extendiéndolo a todo el tejido empresarial.

 

Financiación pública justa con Canarias

 

En la Constitución Española aparecen oficialmente las Comunidades Autónomas, cuya financiación se comienza a articular con la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), en base al coste de los servicios transferidos mediante subvenciones generales y específicas, que se han ido actualizando progresivamente, dada su manifiesta insuficiencia, hasta nuestros días.

 

En el último informe de la competitividad regional en España 2021, el Consejo General de Economistas, llega a la conclusión de que Canarias está en el vagón de cola de la competitividad, con una exposición al riego de una recuperación débil y lenta que nos impide avanzar adecuadamente en términos de capital productivo, capital humano, y capital social – institucional.

 

Concretamente, Canarias es la que experimenta una caída más acusada en términos de capacidad de proporcionar un entorno favorable a sus habitantes, empresas e instituciones que exige mejorar la estrategia de desarrollo sostenible 2030, para contribuir decididamente a optimar esta situación con un sistema adecuado de evaluación permanente para actuar en consecuencia.

 

Esta situación crea un retraso en la recuperación de la economía, tanto en su versión inclusiva como resiliente.

 

Si en los próximos años vamos a disponer de fondos europeos y estatales para la recuperación, Canarias no se puede permitir una financiación insuficiente de sus inversiones públicas y privadas eficientes, ni una gestión deficiente de los fondos que percibamos. Ello nos dejaría en una zona más alejada de las oportunidades de las distintas comunidades autónomas que componen el Estado.

 

Competitividad de las familias y empresas canarias

 

Cuando hablamos del nivel de competitividad, crecimiento económico y bienestar, lo hacemos desde el punto de vista de las familias y empresas canarias.

 

Las crisis consecutivas que hemos pasado desde el 2007 han puesto de relieve que sufrimos fuertemente en competitividad y que tenemos tareas pendientes para una recuperación sostenible a medio y largo plazo.

 

La tradicional forma de generar riqueza en Canarias, basada en el turismo, la agricultura, industria y construcción tiene síntomas de agotamiento. Por ello, las Islas deben aprovechar las oportunidades que nos brinda la nueva financiación europea para no caer en una brecha económica y social con Europa sin precedentes.

 

Tan solo el sector de la construcción, casi exclusivamente con la inversión pública, que debemos recuperar cuanto antes, será capaz de crear empleo abundante a corto plazo. Especialmente en la Isla de La Palma, cuya necesidad de inversión pública, requerida por la destrucción del volcán, mediante planes de empleo, así como de incentivos y actualización y mejora de sus infraestructuras

 

Esta recuperación no puede ser desigual ni entre las Islas ni entre los sectores. Tenemos que ponderar nuestras fortalezas para paliar los déficits estructurales de Canarias. Tanto los heredados por la inercia de los últimos años, como los generados por ambas crisis.

 

La recuperación no puede ser asimétrica y Canarias tiene que seguir avanzando de manera comprometida en la atracción de inversiones y en competitividad, para mejorar el entorno económico, el mercado de trabajo, el entorno institucional, las infraestructuras básicas, la eficiencia pública y empresarial, la innovación y la sostenibilidad, potenciando el consorcio de la ZEC y las sociedades de promoción públicas.

 

Tenemos que hacer cambios profundos en la forma de invertir y en la forma de potenciar la competitividad de Canarias más allá de tibios rebotes coyunturales y sostenerlas fuertemente en el tiempo, así como ponderar nuestros puntos fuertes, como la preparación de los jóvenes, un sector empresarial fuerte e innovador, un régimen económico y fiscal eficiente y pegado a la realidad económica y social, una posición geoestratégica privilegiada, un clima sin competencia, una seguridad jurídica y política europea e infraestructuras de primer nivel.

 

Trazar un nuevo camino para ser más competitivos

 

Tenemos que trazar un nuevo camino. Para ello necesitamos objetivos claros, asentados, sin miedo, en los mimbres de nuestro mejor liderazgo: Inversión y competitividad. Ambas herramientas promoverán la riqueza y el bienestar sostenida de las familias y empresas.

 

Tenemos que trabajar de manera eficiente y rápida en la mejora del entorno económico, el funcionamiento de la contratación, la cualificación y el mercado de trabajo, incluso mejorando competitivamente la reforma laboral en Canarias, la sostenibilidad, reformas de las infraestructuras básicas obsoletas, culminación de las retrasadas y rediseño de las futuras, internacionalización y diversificación de nuestra economía, la innovación tecnológica.

 

Tenemos que mejorar nuestra renta disponible, PIB per cápita, índices de productividad y tasa de paro (general, de larga duración y juvenil), capacidad de reinversión de beneficios empresariales y tamaño de las empresas.

 

La economía es cíclica y con la experiencia que hemos acumulado en la crisis financiera y la del COVID-19, sabemos que Canarias será capaz de recuperar su capacidad para crear riqueza y empleo si es competitiva aprendiendo de los errores pasados, tanto para los cambios necesarios como para la manera de enfrentarnos a las crisis venideras.

 

Cada vez que una institución autonómica, estatal o supranacional recorta las previsiones de recuperación, el corazón de los canarios se encoge un poco más.

 

Poco podemos hacer con los grandes riesgos globales, tanto económicos como sanitarios, pero no es de recibo que tengamos que añadir a esa pesada carga el retraso del pago de las ayudas, la falta de ejecución presupuestaria, la improvisación, la ineficiencia o la ausencia de diálogo.

 

La Unión Europea apoya el desarrollo de una economía sostenible y competitiva para acelerar la transición de la vieja a la nueva economía, especialmente la climática, la digital o el fomento de las energías renovables -para las que disponemos de mejores condiciones que el resto del territorio nacional- así como la simplificación y racionalización de la legislación para cohesionar los territorios.

 

Inversión pública

 

La inversión pública ha tenido siempre un gran impacto en la competitividad regional, a la que debemos incorporar la inversión privada sostenida por nuestro régimen económico fiscal, que necesita urgentemente de una simplificación de la gestión en frontera, que conlleva, por sí misma, un encarecimiento del tráfico y la logística, para apalancar eficiencia y resultados.

 

Además, la inversión pública facilita los servicios públicos mediante infraestructuras que perciben los ciudadanos y las pymes en forma de mejora continua institucional.

 

El desarrollo económico sostenible es una necesidad para los canarios, que verá colmada en sus expectativas cuando tenga garantizada la accesibilidad, transportes, salud, la educación, seguridad, justicia y servicios sociales.

 

Por otro lado, el tejido empresarial se refuerza con estas inversiones competitivas, tanto en la recepción de turistas y viajeros en general, como en la capacidad de producción y exportación de bienes y servicios.

 

Para ello tenemos que comprometernos en una ejecución eficiente de los fondos Next Generation y en general, de los fondos europeos para la recuperación.

 

Los componentes tales como los recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos, energéticos o de logística y comunicación, nos aproximarán a una menor tasa de desempleo, de camino al pleno empleo sostenible a largo plazo.

 

Para ello se hace necesario analizar las debilidades de sus estructuras público privada y reforzarlas de cara a que, en los periodos de bonanza, podamos crecer más y en los de crisis, la capacidad de resiliencia y recuperación sea mucho más eficiente que la actual, donde la destrucción de riqueza y de empleo no ha tenido comparación con la Europa con la que tenemos que converger pese a los ERTE, créditos ICO o ayudas directas.

 

El peso del turismo y los servicios tenemos que valorarlo como una oportunidad y reforzarlo mediante el refuerzo del consumo interno de producción propia, así como invertir fuertemente para innovar, diversificar y ser un referente competitivo.

 

Para ello necesitamos mejorar la financiación autonómica, la compensación europea a nuestra condición como Región Ultraperiférica de la U.E. (R.U.P.) y que el REF disponga de la suficiente seguridad jurídica, incentivos económicos y flexibilidad fiscal, a través de un compromiso público privado que permita una inversión exponencial en inversión para la competitividad de Canarias.

 

Canarias va con todo a rediseñar su futuro. El éxito del modelo económico fiscal de las Islas es la llave para la prosperidad y el empleo de calidad.

 

No caben ineficiencias en la gestión, ni retrasos injustificados en el pago de ayudas a las familias y a las pymes, ni autonómica ni del Estado. La doble caída del PIB en las Islas durante la crisis del COVID-19, exige el doble de trabajo y el doble de compromiso en la búsqueda de soluciones.

 

Nuestro futuro pasa por ofrecer multitud de oportunidades a los inversores, así como optimizar a todas las potencialidades que disponemos.

 

Tenemos el compromiso de reconstruir Canarias para mejorar las expectativas de nuestra gente, crecer económicamente, reconducir errores y ofrecer un futuro atractivo a los canarios y a los que inviertan con nosotros, mediante el ejemplo de resiliencia de La Palma a través de voluntad, unidad institucional, empresarial y social.

 

Canarias necesita subirse a la ola de la creación de valor en la que invierte Europa. El viejo modelo de crecimiento muere poco a poco, pero nacen nuevas oportunidades. Para ello es necesario invertir en disminuir la burocracia para mayor flexibilidad en la toma de decisiones, la excelencia en la producción y la erradicación de la economía sumergida, que ayudaría a mejorar de forma inmediata la competitividad y la recaudación pública sin subir el esfuerzo fiscal de los que cumplen con sus obligaciones.

Necesitamos invertir más y mejor. Y esa inversión tiene que ser sostenible. Debemos acompasar las inversiones competitivas a la demografía, las comunicaciones, la sostenibilidad y las energías no contaminantes.

 

Somos conscientes que las rentas familiares son insuficientes para garantizarnos una calidad de vida, por lo que la inversión sostenible en el Estado del bienestar (sanidad, educación y ayudas sociales) seguirá siendo la piedra angular de la tranquilidad de las familias canarias.

 

Con ello, las familias podrán invertir libremente sus ahorros, que necesitan de un incentivo económico fiscal específico, al mismo tiempo que se despejen los nubarrones de la fragilidad económica y los niveles de confianza se recuperen.

 

Los cambios económicos y sociales son vertiginosos, no podemos marcar tendencia global, pero sí adaptarnos con celeridad y eficiencia. Es altamente recomendable que la inversión pública se proyecte mediante un programa de inversión para el desarrollo y competitividad, propio y de nuestro entorno geográfico, perfectamente medible a cada paso, tanto en ejecución como en cumplimiento de objetivos de calidad y oportunidad.

Ese plan debe comprometerse a atraer inversión internacional para los sectores estratégicos a desarrollar, cofinanciando las AA. PP. Junto a los productos derivados del REF y el tejido empresarial, tanto en materia fiscal como de incentivos económicos.

 

Tenemos que tener en cuenta que el sistema financiero también cambia y no podemos obviar la importancia de la capacidad de inversión de los grandes inversores, empresas o fondos soberanos e internacionales, a la hora de buscar socios estratégicos para el futuro de Canarias, reforzando nuestra credibilidad, la colaboración público-privada y las bondades del REF para invertir de manera eficiente en investigación, innovación, tecnologías digitales, economía hipocarbónica, gestión sostenible de los recursos naturales y el acceso de las pymes a la licitación, subcontratación y competitividad. O nos subimos todos al carro del éxito o nos atropellará el del fracaso.

 

Una guía, no excluyente ni exhaustivo, de necesidades sectoriales en Canarias sería:

 

Inversiones turísticas

• Creación de corredores sanitarios con los países con mayor número de turistas con Canarias.

• Transferencia de AENA a la Comunidad Autónoma con la financiación adecuada.

• Modernización y regeneración de los espacios turísticos públicos.

• Plan de promoción para atracción de turistas, tanto consolidados como emergentes.

• Conseguir la transferencia en materia de costas a Canarias.

• Fomentar el turismo alternativo (salud, juego, compras, congresos)

• Mejorar el sistema de visados y controles en puertos y aeropuertos.

• Plan de mejora sostenible de playas, entorno rural y accesos.

 

Otros sectores empresariales

• Promover la internacionalización de las pymes canarias.

• Unificar criterios para la atracción de inversiones extranjeras y nacionales.

• Promoción interna del consumo de productos Km0 y mercados del agricultor.

• Actualización y mejora de la ficha financiera de las ayudas del Poseican, plátano y REA.

• Consolidación de las zonas comerciales abiertas y cercanía al consumidor.

• Creación de un parque público de viviendas para renta pública.

• Garantizar el equilibrio insular en las inversiones y licitaciones públicas.

• Plan de erradicación del absentismo laboral y bajas indebidas reforzando la reforma laboral y las políticas activas de empleo.

• Plan de transformación digital y logística del comercio minorista.

• Fomento del capital riesgo para solventar el problema de escaso tamaño de nuestro tejido empresarial.

 

Desarrollo sostenible.

• Gasificación transitoria de los puertos y centros productivos y turísticos de Canarias para la competitividad.

• Plan para la creación de infraestructura de producción local para la nueva economía (verde, energía, circular, azul, así como servicios financieros, servicios empresariales e industria audiovisual con vocación exportadora global.

• Red de potabilizadoras, regeneración y reutilización de aguas para consumo y productivo.

• Red de saneamiento y control de fugas hidrológicas.

• Redimensionamiento de la administración pública.

• Red de emisarios submarinos en cada municipio y polígonos industriales y comerciales.

• Planta de incineración de residuos.

• Construir plantas de tratamiento, estaciones de transferencia y vertederos de residuos de construcción, demolición, sanitarios y alimenticios.

• Elaboración de un catálogo de infraestructuras y un cuadro de mandos para su mantenimiento y mejora permanente.

• Establecer un mecanismo de compensación para el coste de la descarbonización.

• Desarrollo de la economía social para un nuevo modelo de atención a la dependencia.

• Un plan de biodiversidad y recursos naturales que permita mejorar la eficiencia de las empresas y el sector público actuales y permita el desarrollo de nuevos nichos de empresas y empleo.

• Mejora y simplificación de la gestión integrada del territorio.

• Plan para la especialización, diversificación inteligente y transformación digital sostenible.

• Revitalizar el medio rural y las medianías.

 

Logística y comunicación.

• Digitalización, modernización y agilización de entradas y salidas de personas y mercancías en frontera reforzando el servicio de inspección posterior.

• Plan de infraestructuras portuarias y aeroportuarias para la conexión permanente con África.

• Cobertura del 100% del territorio con fibra óptica

• Dotar suficiente infraestructura para el 5G en todos los municipios de las Islas.

• Creación del Pan canario para la transformación digital con dotación presupuestaria

• Cierre del anillo insular de carreteras circunvalación de núcleos con alta densidad de población y accesos alternativos.

• Rediseño de trenes y tranvías hasta lo núcleos poblacionales estratégicos.

• Descongestión del tráfico de carreteras.

• Mejoras de entradas y salidas municipales.

• Creación de una red de estacionamientos municipales, así como en los centros de producción y polígonos industriales y comerciales.

• Dotación del 100% de las ayudas al sobrecoste en el transporte interinsular y peninsular.

• Consolidación de la logística de comunicación integral con islas no capitalinas, tanto para personas como mercancías.

• Mejorar las inversiones en puertos y aeropuertos tanto servicios, terminales como pistas de aterrizaje.

• Aprobación de los puntos de inspección fronteriza en todos los puertos y aeropuertos.

• Dotación del 100% de las bonificaciones de tarifa, por la condición RUP de Canarias, de los puertos del Estado que garantice su sostenibilidad financiera.

• Mejora y competitividad de la red de puertos deportivos y pesqueros.

 

Energía convencional y renovables.

• Compensación del 100% del sobrecoste del combustible en Islas no capitalinas.

• Cierre del anillo energético insular que garantice el transporte y suministro de energía.

• Interconexión submarina energética por cable entre islas.

• Consolidación de una red transitoria de suministro de gas hasta que las energías renovables sean mayoritarias en la producción energética de las islas.

• Sistema de almacenamiento energético a gran escala para poder desarrollar la instalación de nuevos sistemas de generación fotovoltaica y eólica.

• Creación de una red público privada que permita el desarrollo de los vehículos enchufables.

• Fomento de las comunidades energéticas.

 

Innovación y ciencia

• Incentivar la investigación universitaria y propiciar la transferencia a la sociedad,

• Crear un fondo de inversión financiero-fiscal para la financiación de la I+D+i

• Creación de un atractivo para las start-up y capital semilla con inversores potenciales.

 

Cualificación, industria del conocimiento y emprendimiento.

• Fomentar nuevos perfiles profesionales y un plan de convergencia de oferta y demanda de recursos humanos.

• Plan para la innovación y emprendimiento de Canarias.

• Analizar y dotar de manera sostenible las plazas de educación obligatoria, secundaria, profesional, universitaria y doctoral.

• Implementación de la formación dual.

• Dotación suficiente y adaptada a la realidad económica de la formación para el empleo. Acreditar un itinerario de oferta educativa y mercado de trabajo.

• Reducción de los costes de la seguridad social diferenciado del resto del Estado

• Plan de incentivos para la contratación privada.

• Plan de empleo por cuenta propia y de segunda oportunidad real, que permita continuar con el espíritu emprendedor.

• Reducir el abandono escolar.

 

Cohesión social y estado del bienestar.

• Plan de productividad público-privada de Canarias.

• Plan para la convergencia europea en renta per cápita

• Creación de hospitales públicos y concertados en los núcleos de mayor concentración de población.

• Inversión en suficientes camas UCI en todas las Islas proporcionales a la población insular de población de hecho y de derecho.

 

Digitalización, modernización administrativa, simplificación legislativa.

• Plan para la reducción sistemática de los procesos administrativos públicos y privados.

• Seguir avanzando en la transparencia público-privada.

• Creación de un cuadro de mandos de canarias con big data para toma de decisiones y seguimiento para tecnificar el control de la ejecución presupuestaria.

• Plan de recualificación y reasignación de Recursos humanos públicos en función de cuellos de botella en la gestión.

• Plan contundente de afloramiento de la economía sumergida real.

• Simplificación legislativa en base a una administración una legislación.

• Implantar la digitalización y un plan de autogestión del administrado reduciendo la burocracia.

• Refundir y armonizar la normativa, registros, permisos y licencias administrativas.

• Eliminación municipal de licencias de obra menor.

• Mejorar los plazos de pago de la AA.PP.

• Simplificar y reducir la documentación para las licitaciones públicas.

 
 
 
 

14. Cultura e identidad: los elementos que nos identifican como pueblo

 

La globalización está produciendo una homogeneización en todas las sociedades, fundamentalmente en las occidentales, y, paralelamente una pérdida de las señas de identidad de los pueblos y de los territorios, que acaban diluyéndose en la generalidad absoluta. De tal manera, que en los últimos años están emergiendo con fuerza tendencias para recuperar y/o reforzar las identidades a nivel local, como una manera de tener conciencia histórica y de lograr formas de vida con personalidad y características propias. Pero, por otro lado, también está creciendo la mercantilización y la banalización de las historias, del folklore y de numerosas costumbres locales. Esto está bien documentado en muchos sitios y también, como es natural, en Canarias.

 

Ante este panorama se hace más que necesario resaltar la extraordinaria importancia que tiene realizar una política certera y rigurosa en materia de Patrimonio Cultural. Y no está de más repetir, en nuestros documentos de trabajo, que cuando nos referimos al patrimonio cultural estamos hablando de la memoria y, también, del olvido. Por consiguiente, es fundamental reforzar en el campo de la Educación nuestras propias historias y nuestra singular memoria como pueblo que vive en un archipiélago atlántico. Nuestra esencia patrimonial no está sólo conformada en elementos materiales, tangibles; también descansa en el universo de lo inmaterial: ideas, relatos, saberes etcétera.

 

Las señas de identidad no son estáticas, las identidades como las propias comunidades cambian, se transforman y es fundamental identificar esas mutaciones y transformaciones que suelen venir acompañadas por trasvases poblacionales producidos por muy distintos motivos. Objetivo, este último, de extraordinaria importancia política, pues para nosotros tiene un enorme valor reconocer que el patrimonio trata más sobre la gente que sobre los sitios, la responsabilidad social, los usos sociales del patrimonio deben estar en la primera línea de trabajo de las administraciones públicas.

 

Para acercarnos a estos objetivos resulta imprescindible que el sistema canario de educación pueda adaptarse al continuo cambio de la sociedad canaria del siglo XXI, que no tiene precedentes en nuestra historia reciente. No estaría de más reflexionar sobre un proceso de transformación pedagógica de nuestro sector educativo, en el que la propia evaluación sea entendida como un instrumento útil para la formación humanística del alumnado canario, orientada hacia la innovación y mejora de los centros y el propio sistema educativo. Cierto es que no es empresa fácil ni factible a corto plazo, pero debemos caminar en ese sentido.

 

La nueva realidad canaria en el entorno escolar, con una extraordinaria y creciente diversidad étnica, social, cultural, reafirma que nuestro sistema educativo deberá situar la convivencia y la equidad como ejes vertebradores de las políticas y programas educativos con el fin de garantizar un sistema escolar inclusivo y cohesionado que favorezca el éxito escolar de todo el alumnado; independientemente de sus circunstancias y orígenes, pues no debemos olvidar que canario es toda aquel que vive y echa raíces en nuestra tierra. Atentos debemos estar en CC ante los peligrosos cantos xenófobos y excluyentes que en los últimos tiempos se escuchan en otras organizaciones políticas que recogen voto desencantado.

 

Para lograrlo, debemos buscar un acuerdo político amplio en al que desde la negociación y el pacto puedan adherirse otras formaciones políticas de obediencia canaria.

 

Necesitamos tejer un gran acuerdo nacional por la educación canaria, con bases sólidas y flexibilidad de adaptación a un mundo cambiante, que perdure en el tiempo y favorezca el crecimiento de nuestra identidad.

 

También buscamos emprender la creación de un relato histórico de lo canario, que represente una comprensión nacional del patrimonio cultural propio y ofrezca una idea cierta de lo qué es y significa ser canario. La memoria colectiva es el principal aliado del sentido de continuidad. El patrimonio inmaterial que conforma el imaginario canario, los lugares de la memoria, representa la herencia viva que vincula las generaciones anteriores con las posteriores.

 

La identidad de esas entidades está estrechamente entrelazada con su cultura, la cual, esencialmente, es un mecanismo que posibilita la utilización del pasado para dar sentido al presente. Los lugares de la memoria, sustancialmente, representan la comprensión nacional del patrimonio cultural propio y ofrecen una cierta idea de la nación. Una parte fundamental de esa memoria y de ese patrimonio son los símbolos. De ahí la importancia de rescatar y entender, a través del estudio, los símbolos como elementos configuradores de la identidad canaria. Símbolos y valores compartidos en todos los territorios insulares de nuestro archipiélago, que son, en definitiva, los elementos configuradores de la identidad propia.

 

Afortunadamente, en la pasada legislatura, pudimos sacar adelante una norma específica de Patrimonio Cultural canario- recordemos que fue por unanimidad de todos los grupos políticos presentes en el Parlamento de Canarias, que permite utilizar una herramienta imprescindible para alcanzar los objetivos previstos en la gestión administrativa del patrimonio. Con esta norma, Canarias puede gestionar y financiar aquellos bienes que considere oportuno preservar y dar oportunidades a su población para disfrutar de una herencia cultural que forme y eduque en los valores de respeto con la herencia cultural de las generaciones pasadas.

Un eje transversal con mucho futuro

Como nacionalistas, nuestra visión de las políticas culturales descansa en el valor que otorgamos a la identidad. Una identidad que entendemos dinámica y que se ancla en un territorio, un espacio físico, y en un conjunto de valores, creaciones, ritos y prácticas que conforman un espacio de símbolos compartidos. Universal, porque parte de nuestra condición humana – la cultura es a la vez producto y seña de humanidad – y a ella se refiere, solidaria, porque no antepone nuestra identidad a ninguna otra, y particular, porque delimita nuestras similitudes y nuestras diferencias con otras identidades.

Se trata de una visión que nos diferencia ideológicamente frente a las que consideran que es la unidad política de los territorios la que confiere la única seña de identidad sobre la que es oportuno intervenir políticamente.

Nuestro trabajo se debe centrar en descender desde ese sistema de valores a la realidad concreta de la Canarias de ahora y del futuro con políticas culturales de impacto, planteándonos qué objetivos debemos fijar, qué formas de gestión y gobernanza son más adecuadas, qué instrumentos podemos aplicar.

Algunas cuestiones que necesitamos afirmar en nuestra práctica política deben salir de la revisión de nuestros propios compromisos:

  • El compromiso de defender y garantizar, en primer lugar, los derechos culturales en Canarias (tomando como guía la Declaración de Friburgo sobre los Derechos Culturales en 2007 y la Agenda 2030 de la Cultura).

  • La concepción de la política cultural como un eje transversal de actuación, que afecta a múltiples y diversos campos, desde el urbanismo y el paisaje hasta la educación, desde la sostenibilidad hasta el turismo y los derechos de las minorías.

  • La cultura entendida como bien preferente y por tanto, la defensa de que los presupuestos públicos para su desarrollo sean más que adecuados, ambiciosos.

  • Nuestra artes, nuestra cultura, nuestro patrimonio cultural y nuestras industrias creativas conforman el núcleo sobre el que concentrar y coordinar nuestras políticas culturales.

  • El trabajo basado en activar los recursos culturales y creativos del territorio como núcleos desde donde irradiar actividades, generar redes y estimular la participación es clave.

  • El destino final de nuestras políticas culturales es la ciudadanía canaria. Impulsar su participación cultural y su intervención en la gobernanza de las políticas culturales nos parece crucial. La incorporación de niñas, niños y de personas jóvenes a las actividades artísticas y culturales es garantía de un futuro mejor para Canarias. La inclusión de contenidos culturales canarios en todas las etapas educativas es una prioridad para los nacionalistas.

  • Trabajar con los agentes culturales, los profesionales y las empresas de los sectores culturales, implica activar políticas destinadas a la profesionalización basadas en la formación continua, la creación de espacios de colaboración, generación, difusión e intercambio de conocimientos, el apoyo decidido y preferente a la creación y mantenimiento del empleo en el sector, y el fomento de la innovación y la defensa de los derechos de propiedad intelectual.

A partir del comienzo de la pandemia provocada por la COVID-19, hemos asistido a cambios acelerados y profundos en los hábitos y comportamientos de las personas también con relación a las prácticas culturales. Hemos pasado de lo próximo a lo distante, de lo físico a lo digital, de lo inmediato a lo mediado por pantallas, de las multitudes a las soledades. Necesitamos encontrar formas innovadoras de hacer nuestros estos tiempos, de ponerlos a nuestro favor. Las políticas culturales son la herramienta privilegiada para hacerlo porque es en la cultura en donde reside la posibilidad del cambio, desde donde se le vislumbra antes, desde donde construye futuro.

 

15. El crecimiento poblacional y los nuevos desafíos

 

Según Eurostat, Canarias será una de las comunidades donde más va a crecer la población y la edad media de los residentes. Canarias es una de las comunidades más jóvenes de España. Solo el 15,8% de la población residente tiene más de 65 años, un dato inferior al que presentan la mayoría de las autonomías, y las capas más jóvenes de la pirámide demográfica que conforman el grueso del total de habitantes. Pero eso podría cambiar en un par de décadas. Según EUROSTAT, el Archipiélago sumará alrededor de 450.000 nuevos residentes para 2050. Se prevé que al menos uno de cada cuatro canarios esté ya en edad de jubilación.

 

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, se prevé una variación del 27.71%, lo que el número total de habitantes pasaría a 1.085.814. En la provincia de Las Palmas, se prevé una variación del 13,23% lo que el número total pasaría a 1.151.178. La población canaria pasaría a 2.236.992 habitantes.

 

Por islas, las cifras suponen un crecimiento en La Palma del 62,18%, El Hierro (58,52%), Fuerteventura (55,76%), Tenerife (24,95%) y Lanzarote (22,43%), y se mantienen estables en Gran Canaria (5,43%) y La Gomera (-0,9%).

 

Si la densidad de la población se intensifica en el futuro posiblemente lo hará gracias a la inmigración (igual que lo viene haciendo hasta ahora). El crecimiento vegetativo en las Islas, esto es, la diferencia que se produce entre el número de nacimientos y el de defunciones en un periodo determinado, está en números rojos desde 2018. La tasa de fecundidad también es de las más bajas, mientras que el saldo migratorio parece haber vuelto a despegar en el último lustro. EUROSTAT señala una tasa bruta de migración neta en las Islas entre 2020 y 2050 muy superior al crecimiento natural de la población, que de hecho figura en algunas de ellas en valores negativos.

 

Aunque por ahora las políticas son un tanto difusas, un informe del CONSEJO ECONÓMICO SOCIAL DE CANARIAS (CES)plantea que el envejecimiento tendrá efectos directos sobre el crecimiento económico y sobre la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social debido al progresivo incremento del gasto social en pensiones y sanidad. Habrá más jubilaciones que sostener y quizá no tantos cotizantes.

 

Para el análisis que abordamos a partir de ahora se basa en las proyecciones realizadas por el CES que abarcan hasta 2033 con unas proyecciones a nivel regional e insular.

 

A la hora de realizar las estimaciones sobre los flujos migratorios del exterior con Canarias, nos encontramos con que en la actualidad se está produciendo un desplazamiento de la población desde Venezuela al exterior que afecta a los flujos migratorios con Canarias de forma significativa, dados los vínculos históricos y familiares de Canarias con ese país.

 

La crisis económica, social y política que vive Venezuela y que se ha visto agravada desde el año 2015 se ha convertido en un verdadero éxodo que ha multiplicado por tres la población venezolana que vive en el exterior entre 2015 y 2018. Este masivo desplazamiento de población desde Venezuela ha tenido su reflejo en la entrada de personas procedentes de Venezuela en Canarias.

 

Según las previsiones del INE, la población canaria sería de 2.541.104 en 2033. Mostramos a continuación un cuadro resumen elaborado por el CES donde la segunda columna muestra la previsión central para el mismo periodo que ha calculado el INE. Según ese escenario, en 2033 la población residente en Canarias ascendería a 2.493.956 personas. Esa estimación supone un 17% más que la cifra de población actual, y un 2% menos que la proyección del INE para el año 2033. Las otras dos columnas representan los escenarios inferior y superior, con una población que en 2033 oscilaría entre un mínimo de 2.347.441 personas y 2.633.580 personas. Estas estimaciones suponen un crecimiento de la población entre 2018 y 2033 de entre un 10% (banda inferior) y un 24% (banda superior).

 
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Las previsiones para la población extranjera son las siguientes:

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El CES estima que, en el escenario central, el incremento esperado en el periodo 2019-2032 se deberá principalmente a la migración procedente del exterior. El crecimiento vegetativo, que históricamente ha sido positivo, ha pasado a ser negativo ya en 2018, y seguiría siéndolo durante todo el periodo 2019-2032, aunque habría un ligero aumento esperado de la fecundidad.

 

En Canarias indudablemente influye sobremanera las condiciones geográficas por el hecho insular y la alta densidad de la población que presenta unas peculiaridades en los esquemas de desarrollo económico. Los problemas que se generan en el tráfico terrestre, la prestación de determinados servicios públicos (como especialmente sanidad y servicios sociales), la concentración urbana en los núcleos de mayor población supone elementos determinantes para establecer las políticas de desarrollo en las islas.

Hay que decir, que el crecimiento de la población en Canarias se debe fundamentalmente a la inmigración regular y no tanto al crecimiento vegetativo que mantiene una tendencia a la baja.

 

Entre los países extracomunitarios con mayor peso en los flujos migratorios de entrada a Canarias destaca Venezuela. La crisis económica, social y política que vive el país ha derivado en un auténtico éxodo que, dados los vínculos históricos y familiares que existen entre ambos territorios, está teniendo su reflejo en las islas. El ya mencionado informe del CES, apunta a que el número de venezolanos que se establecen cada año en el archipiélago ha sufrido un aumento de 10.000 personas por encima de lo habitual.

 

Canarias presenta una densidad de 292 habitantes por km2 con una evolución ascendente. Y es una de las comunidades autónomas con mayor densidad en el Estado.

 

Hay que tener en cuenta que la densidad de la población se calcula en función de la extensión total del territorio y el caso de Canarias tiene en torno a un 42% de superficie protegida como espacio natural protegido.

 

Si calculamos la densidad de la población y eliminamos el territorio protegido, la densidad de la población en las islas pasa de 292 habitantes por kilómetro cuadrado a aproximadamente unos 500 habitantes por kilómetro cuadrado.

 

Es evidente que estos cambios en la población generarán consecuencias positivas y negativas, y la cuestión es determinar cuáles de estas predominan y ello dependerá, en parte, de nuestra habilidad para diseñar políticas que gestionen la transición correctamente.

16. El gran reto de la industria canaria

Las administraciones públicas, las empresas, los consumidores y usuarios; la ciudadanía en general, debe de adaptarse a la ambiciosa agenda normativa institucional en el horizonte 2030/2050 que aborda entre otros: La Agenda de Desarrollo Sostenible, la descarbonización, cambio climático, sostenibilidad o la digitalización.

Pero este objetivo no se alcanzará sin una firme voluntad política desde todos los ámbitos. Será imprescindible articular esfuerzos e incentivos apropiados en las diferentes fases de la transición, de forma que estén estructurados y programados en una verdadera hoja de ruta.

Para ello será necesario definir marcos estables, y superar barreras técnicas y regulatorias, así como diseñar políticas e inversiones específicas con un horizonte temporal a largo plazo. Todo ello debe hacerse teniendo en cuenta que la sociedad en general está hiperconectada, tiene una mayor capacidad de actuación y es más sensible hacia cuestiones ambientales, laborales y reputacionales.

Por otro lado, tras dos años de pandemia hay un cambio de ciclo económico con importantes incrementos en el coste de las materias primas, en los costes energéticos, en los costes logísticos y, con todo ello, el incremento del IPC.

 

Al mismo tiempo, los cambios legislativos que se están produciendo ponen el foco en los productos industriales incrementando también sus costes e introduciendo incluso limitaciones a la comercialización/promoción respecto a otros estados miembros de la UE (impuesto al plástico y a los vertidos, aumento responsabilidad ampliada del productor, reducción del desperdicio alimentario, limitación de la comercialización productos en envases plásticos, limitación publicidad alimentos en horarios infantil, nuevo marcado productos, …)

 

En este contexto, la industria se enfrenta a un gran reto para ser un sector competitivo, innovador, sostenible, inclusivo e integrador. Para asumir este reto, y que el sector industrial sea clave en el crecimiento económico y social de Canarias, requiere de una “Agenda Industrial”, un marco normativo y de apoyos adecuados que permita desarrollar las competencias y las capacidades para mantener y atraer inversiones industriales, que favorezca la transición ecológica, la transición digital y la sostenibilidad económica y ambiental de la industria local. Esta Agenda Industrial debe ser transversal e implicar a la administración del Estado, Autonómica y Local y a los agentes del Ecosistema Industrial.

 

Descarbonización de la economía canaria:

Sentar las bases de un desarrollo legislativo en Canarias que promueva la sostenibilidad y contemple la simplificación administrativa, que fomente acciones contra el cambio climático y la reducción de emisiones y al mismo tiempo favorezca el desarrollo de actividades económicas, pues Canarias debe promover un modelo de desarrollo sostenible en sus tres vertientes: la social, la ambiental y la económica. Para ello proponemos que las normativas se alineen con los objetivos y alcances de las Directivas comunitarias, de forma que las empresas canarias y españolas no sufran una limitación desproporcionada del mercado, ni se encarezcan su actividad.

 

Apoyo a la industria canaria con líneas de ayudas específicas para impulsar e implementar proyectos destinados a la sostenibilidad medioambiental. Estas líneas deben de estar orientadas a mejorar la eficiencia energética, a la reducción de emisiones a la atmósfera, al uso eficiente de los recursos, al ecodiseño, a la inversión en energías renovables para autoconsumo para potencias superiores a 100 kw y a cualquier proyecto que suponga una mejora de la sostenibilidad de la industria.

 

Sacar el máximo partido de los fondos Next Generation y los fondos de la UE del Pacto VERDE para que la Industria Canaria pueda sustituir el fuel por combustibles menos contaminantes cuando no sea posible el uso de energías renovables.

 

Transición digital

 

La transformación digital de la industria implica la aplicación de un conjunto de tecnologías que generan beneficios y retos en toda la cadena de valor: proceso productivo, producto y modelo de negocio y genera economías de arrastre.

 

Elaboración de un Plan de Industrialización Digital inclusivo e integral, que contemple sistemas digitales en las industrias en ámbitos como la gestión operativa y de personal, los procesos industriales, las relaciones comerciales, la cooperación interempresarial o el marketing entre otros.

 

En este plan debe contemplarse la formación específica para directivos, mandos intermedios y operarios, garantizando con ello el conocimiento del concepto Industria 4.0, de las tecnologías asociadas y de las aplicaciones a las industrias. Por otro lado, es fundamental alinear el sistema formativo y los planes de estudio con los nuevos requerimientos de la Industria 4.0 para así aumentar la empleabilidad, promoviendo la formación dual, tanto universitaria como de formación profesional, fomentando el espíritu emprendedor industrial, y facilitando la incorporación de jóvenes en prácticas.

 

Creación de una línea de apoyo a las industrias canarias para que impulsen su digitalización como medio para crecer y aumentar su productividad acompañado de un carácter innovador. Esta debe basarse en los máximos % de ayuda que contempla la UE para las RUP las inversiones para la implantación de soluciones de gestión empresarial: ERP, CRM,… el desarrollo de estrategia on line en la empresa (comercio electrónico, marketing digital y el desarrollo e implementación de aplicaciones móviles) y la incorporación de tecnologías innovadoras TIC en la empresa como el Big Data (Análisis del Dato, Business Inteligence…), tecnologías de la Industria 4.0 (IOT, Robótica, Realidad Virtual, Blockchain, Cloud Computing, etc.) y el Plan de Transformación Digital, entre otras.

Constitución de un hub de referencia tecnológica para las industrias y fomentar una red de colaboración público privada, en la que se encuentren industrias, universidades, ITC, ACISSI, Cluster, asociaciones empresariales, proveedores tecnológicos y se promueva la investigación y la realización de proyectos que resuelvan problemas de la industria canaria adaptados a sus necesidades y dimensión.

 

Economía circular

 

La economía circular y el uso eficiente de materiales puede mejorar significativamente la competitividad, rentabilidad y sostenibilidad. Como ocurre en la digitalización, la colaboración intersectorial es esencial. Es fundamental la hibridación de sectores o clusters tradicionales y la utilización de tecnologías y conceptos transversales, promoviendo la cooperación con agentes de las distintas cadenas de valor y con la red de agentes científicotecnológicos.

 

Hay que aprovechar los residuos que se producen en Canarias como un recurso fundamental para desarrollar actividades industriales de valorización y reciclado. Para ello es preciso crear suelo en zonas industriales y complejos ambientales para instalar actividades industriales.

 

Es necesario crear una línea de ayuda específica para promover proyectos industriales de economía circular incentivando proyectos de industrias de reciclado de productos y proyectos que promuevan sinergias entre sectores productivos a lo largo de la cadena de valor. Asimismo, se deben promover proyectos de ecodiseño de envases y embalajes y estudios sobre nuevos materiales.

 

Creación de una línea que compense el coste del transporte de residuos entre islas para que la industria del reciclaje alcance una masa crítica que haga viable los proyectos industriales.

 

La Economía circular es una verdadera oportunidad para Canarias, para generar ahorro, riqueza y puestos de trabajo cualificados. Finalmente, es esencial crear un programa de “Difusión de la cultura de la sostenibilidad” dirigido a todos los agentes de la cadena de valor empresarial, a agentes del sistema educativo, al gobierno y corporaciones locales y a la sociedad en general de forma que se conozca la norma que afecta a las empresas, se conozca el “coste de la sostenibilidad” y sea asumido por todos incluyéndose en la factura de venta al público el Punto Verde como se incluye el IGIC y se conozcan las mejores prácticas ambientales de las empresas, para que la sociedad no cuestione la economía circular que ya se está realizando en Canarias (vidrio, papel, cartón, plástico, sandach).

 

Mejora de la Competitividad

 

La Industria canaria , al estar en una región ultraperiférica, ve limitada su competitividad por los sobrecostes a los que se ve sometida . Parte de los sobrecostes se ven compensados por diferentes medidas que se deben mantener y mejorar para garantizar la continuidad de una industria que garantice el abastecimiento de productos esenciales en momentos complicados, tal y como ocurrió en el período de Marzo a Mayo de 2020.

 

El AIEM, el REA , el artículo 26 del REF, la subvención al transporte de mercancías son medidas esenciales para la supervivencia de la Industria Canaria.

 

En el caso de la subvención al transporte de mercancía , los costes tipos que delimitan el importe máximo de subvención de las compensaciones al transporte deben reflejar los sobrecostes reales en el transporte marítimo y aéreo de mercancías elaboradas en Canarias. Los costes tipos no se han actualizado en los últimos años y , por tanto, se ha reducido la compensación efectiva; esta reducción es más preocupante en el 2021 ya que los costes reales de transporte han sufrido incrementos del entorno del 30-70%. Por tanto, hay que reclamar al Ministerio que los costes tipo se actualicen según los costes reales para que las industrias canarias no mermen su competitividad.

 

La Industria Canaria debe seguir invirtiendo para no perder competitividad, en este sentido es necesario mantener y actualizar de la línea de “Modernización y diversificación de pymes industriales”, incluyendo nuevas inversiones productivas y ampliando plazos de ejecución y dotación presupuestaria. Por otro lado, la gestión de los expedientes de solicitud de “Incentivos Regionales” se debe realizar totalmente en Canarias a través de la creación de una unidad específica de promoción y atracción de inversiones, dotándola para ello de recursos técnicos y humanos que trabaje en el desarrollo de una normativa adaptada a la realidad canaria.

 

Una de las mayores desventajas a las que se enfrenta la industria en Canarias es el limitado tamaño del mercado. La globalización está complicando aún más esta situación , el mercado se va reduciendo cada vez más por la llegada de operadores nacionales e internacionales que no cuentan, o lo hacen de forma testimonial, con la industria local , de esta manera su competitividad va disminuyendo de forma lenta y silenciosa.

 

Como alternativa y en la línea de dar visibilidad y apoyo a los productos canarios y a los elaborados en canarias se pueden plantear diferentes acciones que combinadas deben ayudar a reforzar el valor de la canariedad, de lo elaborado aquí y de los productos Km 0.

 

Hay que impulsar medidas para sensibilizar al conjunto de la sociedad sobre la importancia de la industria en cuanto a la generación de riqueza, conocimiento, desarrollo sostenible y bienestar para el conjunto de Canarias e involucrar a la población activamente en la defensa de su tejido empresarial industrial. Hay que concienciar al sector comercial y al sector turístico de la necesidad de su colaboración con los sectores productivos de canarias para la sostenibilidad económica, social y ambiental de nuestra tierra.

 

La contratación pública puede y debe actuar de motor de la transformación industrial. La Ley 9/2017 introdujo una nueva Terminología en la adjudicación de los contratos pasando de valorarse la oferta “económicamente más ventajosa” a la oferta de mejor “calidad-precio”, evaluándose esa mejor relación calidad-precio con arreglo a criterios económicos y cualitativos previstos en el art. 145.2 de la LCSP, incluyendo entre ellos, aspectos medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato. Por tanto, deben realizarse las modificaciones oportunas para incluir de forma explícita y no limitante, una relación pormenorizada de posibles criterios cualitativos de calidad y ambientales para que la contratación de productos y servicios actúe como un instrumento que apoye y favorezca a los Productos Elaborados en Canarias, como son la menor huella de carbono que producen y la cadena de valor que crean en Canarias y la valoración del empleo local y criterios de calidad del mismo, con objeto de fomentar la creación de empleo en Canarias.

 

17. Reforma y digitalización de la administración pública

 

 

Si hay algo que la pandemia nos ha demostrado es que no tenemos una administración capaz de dar una respuesta ágil a la ciudadanía en circunstancias extraordinarias. Es imprescindible que abordemos de manera determinante la modernización de la administración en todos los aspectos, desde el normativo hasta la revisión de los procedimientos para hacerlos más ágiles, eficaces y eficientes.

 

Ya en la anterior legislatura (2015-2019) se abordó la gestión del territorio con la Ley del Suelo de Canarias; la Ley de Servicios Sociales con la clara finalidad de desatascar dos cuellos de botella; el de la gestión urbanística en las islas, democratizando el urbanismo y la relación entre el tercer sector y las AAPP canarias, que en la anterior crisis evidenció las terribles carencias de nuestro sistema de protección social.

 

Paralelamente se inició un proceso de revisión de todos los procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma con la finalidad de adaptarla a los nuevos tiempos y, sobre todo, tratando de mejorar la productividad de los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos. Todo ese trabajo iniciado en la mencionada legislatura se vio interrumpido por el actual Gobierno de Canarias, lo que ha llevado a una evidente crisis de gestión que se refleja en los bajos niveles de ejecución presupuestaria en áreas estratégicas para la recuperación económico como es Obras Públicas o en áreas fundamentales para la cohesión social como es Bienestar Social, con el consiguiente incremento de las listas de espera en dependencia o la incapacidad de gestión de los fondos del Estado o de Europa.

 

Hay que afrontar la modificación de procesos y procedimientos en las AAPP Canarias, a la vez que desarrollamos nuestro Estatuto de Autonomía, asumiendo nuevas competencias como la de costas, tan importante para una Comunidad que tiene en el turismo su principal actividad económica. El objetivo es claro: la ciudadanía debe ser el centro de toda esta reforma. Es necesario que la “burocracia” deje de ser un obstáculo para el desarrollo económico, para la obtención de una ayuda o para el reconocimiento de un derecho. Somos conscientes de que algunas modificaciones están fuera de las competencias de la Comunidad Autónoma, pero esa no es una excusa para dejar de abordar la revisión de los procesos que sí son de nuestra competencia y mejorar la eficacia de nuestras administraciones públicas.

 

Es imprescindible la constitución de un equipo de trabajo integrado por las dos Universidades Públicas canarias, los principales expertos en derecho administrativo y las consultoras especializadas en simplificar procesos y procedimientos en las organizaciones públicas con un mandato claro: Reducir en un 30% los procesos administrativos en nuestra Comunidad Autónoma.

 

Es prioritario que se complete la digitalización de las administraciones canarias con el objetivo de que la inmensa mayoría de los procedimientos y trámites puedan realizarse online, sin desatender la atención presencial en aquellos espacios y territorios en los que siga siendo imprescindible.

 

El reto que supone la consolidación de una administración pública eficiente pasa por reducir la complejidad y los tiempos de respuesta en las gestiones y trámites, tal como ha ocurrido durante la pandemia del coronavirus, en la que muchos particulares, autónomos y empresas veían como se desmoronaban sus proyectos personales ante la ausencia total de respuesta de las instituciones.

 

Este proceso conlleva necesariamente reforzar la formación y especialización de los trabajadores y trabajadoras de las administraciones públicas para mejorar su capacitación digital y uso de las nuevas tecnologías, y sus competencias en materia de seguimiento y evaluación de las políticas de los servicios públicos.

 

Los demandantes de las ayudas sociales, especialmente los que necesitan acogerse a las ayudas de la dependencia, no pueden seguir viviendo el calvario actual. Existen herramientas que no se han activado en esta legislatura y otras que necesariamente tendrán que ser modificadas. Y es imprescindible también la creación de una plataforma digital de gestión para autónomos y pequeñas y medianas empresas, que sirva para agilizar los trámites exigidos para la obtención de ayudas, subvenciones, etcétera.

 

18. El Régimen Fiscal que Canarias necesita

 

Nuestra pertenencia lo es a un pueblo que ha forjado su Historia a través del sacrificio y el esfuerzo que le ha supuesto sobreponerse y superar recurrentes situaciones complejas y difíciles. 

Por respeto a nuestros antepasados, que lucharon para permitirnos las actuales cotas de bienestar y por deber hacia nuestros sucesores, a quienes debemos garantizárselo, estamos obligados a recordar a los primeros y a no olvidarnos de los segundos. 

No nos tiene que suponer una tarea complicada pues, precisamente por esos antecedentes históricos, disfrutamos de la virtud de una gran memoria y nos caracterizamos por tener un enorme corazón, cualidades que nos capacitan para mirar al futuro sin perder de vista nuestro pasado. 

Sin embargo, los acontecimientos socioeconómicos recientes tienden a demostrar todo lo contrario. 

Como si de un empeño de parecer débiles y sumisos se tratara, hemos dejado de lado lo que verdaderamente somos como pueblo por Historia y tradición, permitiendo que nos hayan despojado de una de nuestras más valiosas fortalezas como son la autonomía y soberanía fiscal que reclamó para las islas Juan Bravo Murillo en su Real Decreto de 1852.

Un simple repaso a este Texto Histórico y Fundamental de Canarias es suficiente para entender las razones que argumentó y defendió para instaurar en las islas el Régimen de Puertos Francos, ninguna de las cuales es posible encontrar en el sistema actual en el que aquél se ha convertido.  Por ser las más relevantes, pueden destacarse las siguientes de entre todas las que expuso: 

i.- (…) Entre todos los que tienen la dicha de vivir bajo el blando cetro de V.M., difícilmente se hallarán otros a quienes la Providencia haya colocado más ventajosamente sobre la superficie del globo que los que habitan aquellas islas, que los antiguos llamaron Fortunadas. Y sin embargo, contra todo lo que de los beneficios de la naturaleza parece que debería esperarse, pocos habrá en todos los dominios españoles cuya suerte sea menos lisongera. 

ii.- (…) Pero como de nada sirve la especialidad y riqueza de los frutos si por medio de la exportación no se reparten entre los mercados exteriores los sobrantes que deja el consumo, todas las ventajas desaparecen si aquellos puertos por cualquiera razón dejan de ser frecuentados (…).

iii.- (…) De los buques que cruzan por aquellas aguas, apenas hay quien deje allí resultados mercantiles de su tránsito: los más saludan de lejos el pico de Teide, como si Dios hubiera levantado aquella maravilla para la estéril admiración de los hombres (…).

iv.- (…) El origen de esta situación está averiguado. Si las naves se alejan de aquellas costas, es porque no encuentran allí aliciente para la carga ni para la descarga; es porque no hay un mercado más extenso que las limitadas exigencias de la población; es porque se hallan sujetos a formalidades incómodas; es finalmente porque en otros puntos extranjeros, aunque incomparablemente menos ventajosos, se les ofrecen mayores facilidades y economías. 

v.- (…) Declárese puerto franco a las Islas Canarias, y todos estos inconvenientes desaparecerán. Sueltas las trabas que embarazan ahora la acción mercantil, se formará allí naturalmente un gran centro de contratación, acudirán los capitales, se crearán establecimientos, se fomentará el trabajo; y aquellas Islas, ahora olvidadas, serán el enlace y el punto de comunicación de apartados continentes.

(…)

 

Fruto de tales convincentes argumentos, S.M. la Reina Isabel II dio su Real aprobación a declarar en las islas Canarias a los Puertos de Santa Cruz de Tenerife, Orotava, Ciudad-Real de Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Arrecife de Lanzarote, Puerto de Cabras y San Sebastián, hecho histórico que, entre otras cuestiones, supuso para Canarias el Derecho a disponer de un sistema fiscal propio, diferenciado y adaptado a sus circunstancias, cuyos principios inspiradores, a la luz de lo expuesto, pueden concretarse en los siguientes:

1.-  Establecer en las islas Fortunadas un estatus de gravámenes reducidos o nulos que compensen el diferencial que en términos de coste supone su situación y definición geográfica. 

2.-  Fijar un contexto normativo alejado de complejidades e inseguridad jurídica. 

El objetivo de tales pretensiones no era otro que conseguir para las islas un adecuado grado de competitividad al nivel del que ostentan otros territorios, permitiendo así que Canarias participara de las necesarias relaciones comerciales, industriales y de servicios con otros mercados y territorios que les iban a permitir salir del ostracismo económico al que estaban condenadas. 

En aquel entonces era sólo un planteamiento, una estrategia. Restaba esperar para constatar si tales medidas, efectivamente, eran las correctas para el objetivo marcado.

 

No se necesitó demasiado tiempo para que la población de aquel entonces experimentara las bondades del nuevo sistema. Hasta tal punto fueron las acertadas, que en los tiempos posteriores en los que las autoridades del momento decidieron eliminarlas para igualar a las islas en cuanto a su contexto jurídico-fiscal con el resto del territorio nacional, la pobreza, hambrunas y despoblamiento fueron las notas características de las islas. 

Este es el pasado que debemos recordar. De la misma forma que no debemos olvidar que de él depende el futuro que nos depara. 

Si el Régimen Fiscal que permitamos que se instaure, se aleja de aquellos principios de libertad comercial y de empresa, así como de la seguridad jurídica que supone eliminar trabas burocráticas complejas y excesivas, estamos permitiendo que nos condenen al ostracismo que evitó Juan Bravo Murillo. 

Pongamos a trabajar nuestra memoria y ejercitemos nuestro corazón, porque nuestro REF actual nada tiene del exitoso Sistema de Puertos Francos de 1852.

Sólo de nosotros depende que, como hicieron nuestros mayores, dejemos un futuro mejor a quienes nos suceden.

             

Características Generales del REF actual

Fruto de aquel esfuerzo, Canarias cuenta en la actualidad con un régimen fiscal que presenta aspectos que no se contienen en el marco normativo que es aplicable a gran parte del territorio español, si bien, no a la totalidad de éste, pues Navarra y País Vasco disponen igualmente de su propio fuero tributario en el que, algunas de sus figuras, son similares a las que tienen las islas Canarias. 

A pesar de ello, acostumbramos a presenciar debates nacionales sobre estas excepcionalidades en las que el protagonismo no lo acapara Canarias, cuando en la discusión de quién disfruta de supuestas ventajas fiscales, nuestro territorio debiera ser el de referencia. 

Tanto es así que suele citarse con mayor asiduidad a la Comunidad de Madrid sin contar con régimen fiscal propio que a las islas Canarias. 

Enumerar las debilidades por las que este hecho tiene lugar, se antoja esencial de cara a redefinir el esquema que ha de aprobarse para el futuro inmediato. 

En este sentido, en la detección de esas debilidades del régimen fiscal actual de Canarias, la primera que podría destacarse es su falta de intensidad en los efectos que provoca, hasta tal punto que pasa completamente desapercibido para una mayoría muy susceptible con la implementación de, precisamente, ventajas fiscales. 

Algo le falta cuando no es capaz de atraer la atención ni tan siquiera de quienes se muestran contrarios a situaciones de reducida fiscalidad. 

Esta misma falta de atracción cabe imputarla también en lo que al capital para nuevas inversiones y establecimiento de empresas y talento se refiere. 

Los recientes ejemplos del Brexit y el conflicto surgido en Cataluña, son claras expresiones de ello. 

Como sabemos, el primero planteó para muchos de los residentes en el Reino Unido la necesidad de localizar nuevos destinos para su traslado. Talento, experiencia, conocimiento, que en ningún caso identificó a las islas como su nuevo lugar de trabajo, a pesar de las bondades que siempre se destacan en cuanto a las condiciones de vida de Canarias y, adicionalmente, de su régimen fiscal, el cual no resultó ser no ya determinante, tampoco fue un elemento a considerar por quienes se veían obligados a emigrar por culpa de la salida del Reino Unido del acuerdo de la Unión Europea. 

El actual REF no actúa, por tanto, como polo de atracción de talento.

Por otro lado, el conocido conflicto catalán motivó que muchas de las empresas allí residenciadas, cambiaran su sede hacia otro destino dentro de la geografía nacional en el que escapar de las consecuencias de aquél. 

Una vez más, las islas quedaron apartadas, como si no pertenecieran a esa geografía nacional. Claro está que su elección como nueva sede de esas empresas se torna más complicada que cualquiera otra área limítrofe con Cataluña por razones obvias. 

Pero precisamente por esto se defiende y se establece un sistema tributario distinto. Un sistema tributario con el que dotar de la suficiente competitividad a las islas compensando las desventajas que tiene frente a otros territorios y permitiendo que se coloquen en su mismo nivel de atracción de capitales.

Una vez más, falló en este intento. 

No tiene, por tanto, la intensidad suficiente.  

Utilizando el mismo símil de Bravo Murillo, los barcos siguen pasando por las costas canarias sin pararse en ellas, pues nada detectan que puedan obtener de ventaja frente a otros lugares igualmente de paso y que son, a la postre, su destino. 

La diferencia con aquellos tiempos es que en aquel entonces no había régimen fiscal especial como sí lo hay en estos momentos, razón que conduce a entender que se trata de un sistema más nominal, más sobre el papel, que real y efectivo. 

Un sistema a pesar del cual, las islas han vuelto a estar olvidadas, como en 1852 y que ha quedado exclusivamente para uso interno y para una escasa parte de la población. 

Más aún, también como en aquel entonces, el régimen fiscal de Canarias, lejos de simplificar tareas administrativas y facilitar la burocracia de las actividades económicas, los negocios y el trabajo, la ha acrecentado hasta límites jamás pensados, aumentando con ello el coste de transacción que actúa, también, como factor de expulsión. 

A nadie se le escapa que el cumplimiento de todas las obligaciones tributarias impuestas a nivel general está alcanzando cotas que son imposibles de alcanzar. El grado de formalismo fiscal es ya considerado un coste en si mismo, al margen de las cuantías económicas y obligaciones de pago que de él se derivan. 

En las islas, es aún mayor por virtud de su régimen fiscal específico. El IGIC es un claro ejemplo y los efectos que provoca en el comercio exterior una de sus máximas expresiones. 

De sobra es conocida la expresión “no vendemos a Canarias”, causada por los formalismos y los costes que supone que las islas sean un territorio tercero a efectos de esa imposición indirecta, lo que motiva que deba ser tratado como cualquier otra área que es ajena a la Unión Europea. 

Las dificultades de entender esta casuística, aunada con la burocracia de la importación-exportación, limita el acceso al mercado de bienes para los residentes de las islas al tiempo que complica, aún más, el acceso a mercados exteriores para la venta de sus productos a los operadores canarios. 

Tampoco cumple, por tanto, el sistema fiscal actual con la pretensión inicial de soltar las trabas que embarazan la acción mercantil.

Íntimamente vinculada a esta característica puede también destacarse la excesiva conflictividad jurídica que originan las disposiciones fiscales canarias. Tanto es así, que es difícil encontrar un ejemplo de actuación individual amparada en alguna de ellas que no derive en discusión con la autoridad administrativa competente, que no se extienda a las vías judiciales y que no suponga, por tanto, un coste para los implicados. 

Curioso efecto este de provocar costes cuando de reducirlos se trata. Todo beneficio y ventaja perseguida por la vía del ahorro fiscal queda diluida en el contexto que supone el riesgo de ser revertida por quienes en la Administración gozan del monopolio estatal de decidir qué está ajustado a Derecho y qué escapa, a su juicio, de esa adecuación. 

Incertidumbre e inseguridad que son grandes males en el devenir social, en general, y de los negocios en particular. 

Siendo así, lejos queda el bienestar perseguido cuando el sistema actúa como fuerza que lo contrarresta. 

Puede apreciarse, por tanto, que el régimen fiscal actual de las islas no cuenta con ninguna similitud en sus fundamentos básicos con el primigenio esquema implantado, ya que sus efectos son absolutamente contrarios a los que en aquellos tiempos persiguió y consiguió, si bien hoy simplemente pretende conseguir. 

Todo ello debido a su complejidad normativa, excesivo formalismo e inseguridad jurídica. 

Pero una no mentada aún destaca sobre todas ellas, a pesar de la relevancia que tienen las citadas. 

Del régimen fiscal de Bravo Murillo se beneficiaba directamente toda la población de las islas. Ningún sector económico como ninguna parte de la sociedad quedaba excluida del ámbito de aplicación de las franquicias impositivas establecidas.

 

Este disfrute directo, además del efecto general que producía, suponía que se admirara y se tuviera como algo propio por todos y cada uno de los habitantes del archipiélago. A nadie escapaba que existía este régimen diferente al del resto del Reino y del que se obtenían ventajas que contribuían a la prosperidad, razón por la que, ante cualquier ataque o amenaza que pusiera en riesgo su supervivencia, eran prácticamente todas las voces las que se alzaban en su defensa. 

Cuestión similar a la que sucede en la actualidad con el fuero vasco o navarro, pero muy distinta a la que concurre con el régimen canario vigente. 

Sus disposiciones están pensadas sólo para una parte de quienes residen en las islas. En particular, para los titulares de actividades económicas y, dentro de éstas, sólo a las permitidas por las normas dictadas. 

Más aún, entre quienes pudieran disfrutar de las supuestas especialidades fiscales de Canarias, sólo cabe incluir, además, a los que llevan a cabo determinadas actuaciones de inversión.

Así se desprende de la regulación dada a la Deducción por Inversiones, la Reserva para Inversiones en Canarias o la Zona Especial Canaria, incentivos que sólo se dan si se invierte en Canarias y no, como debiera ser, por vivir, trabajar e invertir en Canarias. 

Un Régimen Fiscal exitoso debería, por tanto, ampararse en esta última condición, abandonando más exigencias que no sean elegir las islas como lugar de trabajo y residencia. 

La inversión sería una consecuencia de éste, que podría llegar a plantearse como razón para más incentivos fiscales en función de las circunstancias del momento. 

En tal caso, sí podría tenerse como la parte Especial de aquel Régimen, que debería denominarse General de las Islas Canarias. 

Ejemplos ya encontramos dentro del esquema actual, como son el aplicable en el ámbito de los buques y empresas navieras inscritas en el registro especial canario (Título VII de la Ley 19/1994, de 6 de julio) o la bonificación a las empresas productoras de bienes corporales (artículo 26 de la misma Ley). 

Estos no aplican por invertir en las islas. Aplican por desarrollar en ellas los negocios a los que se refiere. Sin más. 

Lograr por tanto generalizar sus efectos y bondades y hacerlos recaer sobre toda la población, permitiría no sólo eliminar las principales características del actual (ya descritas) que actúan como elementos de ineficiencia. 

Conseguiría, además, que vuelva a asumirse como el acervo propio que nos corresponde, dificultando así que se nos distorsione, pues se ejercería igualmente una defensa generalizada del mismo. 

Los debates, a buen seguro, tendrían, ahora sí, a Canarias como centro de atención, clara expresión de que se trataría de un sistema que funciona. 

En este sentido, resulta clave que el REF forme parte del programa curricular de los centros de formación reglada del archipiélago, desde las etapas más tempranas hasta los niveles más avanzados del sistema educativo. 

Ser nativos del REF como se es del idioma implica su aprendizaje desde etapas tempranas. 

 

El marco normativo: límites y posibilidades

A nadie que se enfrente a una propuesta basada en los principios descritos, se le escapa que se trata de un planteamiento que, aún siendo necesario, es muy ambicioso. 

Muy probablemente se argumentará que las limitaciones para poder llevarlo a la práctica vendrán dadas del marco normativo que nos hemos dado para regular nuestras vidas, en la parte de éste aplicable a los aspectos que nos ocupan y que resulta mucho más complejo del que tenían en la época de Bravo Murillo, donde las decisiones se adoptaban dentro del Reino y por el propio reino. 

Hoy en día, son varios como sabemos los estamentos de autoridad que tendrían que dirimir con la cuestión. 

Desde el regional que abarca a la Comunidad Autónoma Canaria al supranacional que suponen los estamentos de la Unión Europea, sin dejar de considerar el siempre bloqueo al que nos tiene acostumbrado el parlamento nacional español. 

En cualquier caso, no deja de ser paradójico como desde Bruselas han venido aceptando la gran mayoría de las propuestas planteadas para el REF, a excepción del intento de crear un área financiera en las islas, que, recordemos, se contenía en el texto original de la Ley 19/1994, de 6 de julio y que fue finalmente rechazada.

Lo anterior nos conduce a considerar que, de respetar las reglas generales sobre ayudas de Estado y compatibilidad con los principios de la Unión, no parece existir excesiva resistencia en sede de las autoridades europeas para redefinir nuestro Régimen Fiscal actual y acercarlo a un nuevo modelo acorde con las verdaderas necesidades del archipiélago, tanto actuales como futuras. 

La armonización fiscal que inspira el Tratado Europeo, aún siendo una asignatura pendiente en la gran mayoría de sus aspectos, no parece entrar en contradicción con el hecho de que diferentes territorios tengan diferentes fiscalidades. 

Armonizar no es tanto igualdad como equidad, lo que justifica que a diferentes circunstancias se establezcan diferentes soluciones para tender a esa equidad con la que, a su vez, conseguir armonizar. 

Las condiciones que presentan los grandes centros de negocios de las capitales europeas no son las mismas que las de los territorios periféricos. Pretender imponer a éstos las mismas reglas tributarias que las que rigen en aquéllas, lejos de tender a una armonización, provocará una clara diferenciación, pero de bienestar y progreso, de las que saldrán perjudicadas las zonas menos favorecidas por sus condiciones naturales. 

Quizás sea esta la razón por la que, dentro de la Unión Europea y a pesar de las normas que tienden a la unión y armonización, se encuentren sistemas fiscales muy diversos, que van desde los más competitivos del planeta a los más gravosos para sus ciudadanos. 

Así, encontramos a Estonia, con un 2% de impuesto a las empresas o un 20% de impuestos a las personas físicas, con un 9% de impuestos al consumo y un 1% a la propiedad. 

Y, en el otro extremo, a Francia, que sitúa en un 35% el gravamen empresarial y de las personas físicas, con un 21% al consumo y un 36% a la propiedad. 

Véase https://www.bankinter.com/blog/mercados/mejores-sistemas-fiscales-impuestos-mundo

Situaciones distintas que requieren soluciones distintas y que colocan la competitividad por sistemas fiscales en planos diferentes, pero que en el conjunto de los elementos a considerar permiten a ambos territorios competir en el contexto internacional y no quedar aislados de esta carrera por participar del desarrollo y crecimiento.

 

Si a lo anterior añadimos que, como defiende Ángel Forniles Gil en su trabajo El principio de proporcionalidad y la fiscalidad de las regiones ultraperiféricas (Revista Hacienda Canaria, nº22, Febrero 2008), las regiones ultraperiféricas constituyen un sector diferenciado dentro de las instituciones europeas a la hora de fijar sus regímenes fiscales propios, podría concluirse que una adecuada negociación, exposición y sistematización de lo planteado en el seno del Parlamento Europeo podría servir para, como consiguiera Bravo Murillo de su Majestad la Reina Isabel II, obtener la aprobación de lo pretendido y consensuado.

No en vano, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en su artículo 349, dispone la necesidad de contemplar medidas específicas para las regiones ultraperiféricas, entre las que se encuentran, como sabemos, nuestras islas Canarias. 

Por tanto, a pesar de encontrarnos ante un panorama legislativo más complejo que el de antaño, lo cierto es que podría tornarse en ventaja para superar otras posibles limitaciones que podrían encontrarse en la definición, primero, e implementación, después, de las nuevas medidas que requiere el régimen fiscal canario del futuro en atención a las líneas generales expuestas. 

El hecho de conseguir primero el apoyo de las autoridades e instituciones europeas, bien podría servir para librar batallas internas que pueden encontrarse, con mayor intensidad, dentro de nuestras fronteras, entre las que podrían citarse incluso las del propio archipiélago canario. 

Acudir al Parlamento nacional o al regional con la autorización y el beneplácito de Bruselas, a buen seguro facilitará el debate y la autorización. 

A partir de ahí, atender al contenido de la Disposición Adicional Tercera de nuestra Constitución, que reserva las modificaciones del régimen fiscal canario a las autoridades de la Comunidad Autónoma, así como al Título VI del vigente Estatuto de Autonomía de Canarias, servirían de base normativa para plantear las modificaciones que se propongan. 

Y para hacer valer las razones por las que se argumenta tal cambio de paradigma para el sistema fiscal de Canarias, bien podrían utilizarse los datos macro de nuestra economía regional, excelentemente recogidos por las confederaciones empresariales canarias, CEOE y CCE, en sus informes de coyuntura económica anual (La economía Canaria en Gráficos ye Informe Anual de Economía Canaria, respectivamente). 

De ambos documentos puede extraerse información para su comparativa con el resto del territorio nacional en media para todas las Comunidades Autónomas o con alguna de éstas en particular.

La conclusión es tajante. A pesar de la fiscalidad especial actual, las diferencias son abrumadoras, entre las que destacan las tasas de desempleo que, como sabemos, son sustancialmente mayores en las islas que en el resto de España, con una economía con falta de diversificación y un nivel de competitividad que no logra alcanzar los mínimos deseables.

Por ello, las posibilidades de desarrollo futuro pasan por la emigración y la búsqueda de destinos alternativos, como ha sucedido recurrentemente en la Historia de las islas. 

En consecuencia, puede afirmarse que existe soporte legal suficiente para llevar a cabo la necesaria nueva configuración que requiere nuestro REF, como también razones económicas de peso. 

Otros serían los motivos para concluir que no. 

Que esos obstáculos que pongan no sean suficientes para impedirlo depende de nosotros. 

             

Los que piensan que es imposible, no deberían molestar a quienes lo estamos intentando Albert Einstein.

Simplicidad, Seguridad y Generalidad para un sistema fiscal efectivo

El bienestar futuro de las islas no depende, en exclusiva, de su sistema fiscal. Pero sí es una parte muy relevante del mismo, como sucede en todas las economías del mundo

Por esta razón, un régimen fiscal especial para las islas, si bien no es condición suficiente para su prosperidad y desarrollo, sí constituye una condición necesaria ineludible. 

La Historia se ha encargado de demostrarlo. 

Pero esta necesidad no puede cumplirse de cualquier manera. No basta establecer disposiciones que sean distintas a las del resto del Estado con la simple intención de otorgarle la denominación de especial, cumplir formalismos o justificar actuaciones. 

Es preciso un sistema que otorgue la suficiente competitividad al territorio de las islas como para permitirle entrar en concurrencia con los mercados de su entorno, ofreciendo ventajas que de otra forma harían desaparecer por completo al archipiélago del contexto internacional, abocándolo así, una vez más, al ostracismo y a la pobreza. 

Un sistema fiscal con estas características debe ser neutral, sencillo de cumplir, fácil de entender y aplicable no sólo a las rentas empresariales, también a las rentas del trabajo. 

Simplicidad, Seguridad y Generalidad deberían ser las notas que definan el futuro sistema fiscal canario, el cual debería permitir pagar menos impuestos en Canarias por vivir y trabajar en Canarias. 

Se trata, en definitiva, de retomar los principios inspiradores que promovieron la creación de un régimen para Canarias en 1852, eliminando trabas al comercio y actuando como foco de atracción real y efectivo de talento y capitales. 

El concreto esquema que finalmente se adopte puede tomar forma de algunos de los ya existentes, bien en las islas bien en el resto del ordenamiento tributario nacional. 

Para el caso de las islas, un buen ejemplo lo sería el del Régimen de Buques y Empresas Navieras.

Como alternativa, el sistema que opera en Ceuta y Melilla podría resultar igualmente una opción válida a valorar. 

No obstante, otros modelos de éxito podrían copiarse. En especial, los existentes en el entorno de la Unión Europea, circunstancia que facilitaría su implementación al tratarse de sistemas reconocidos y aceptados por las instituciones de Bruselas. 

En síntesis, una primera propuesta sobre la que iniciar el necesario debate que conduzca a ese nuevo sistema fiscal de Canarias podría ser la siguiente:

a) Ofrecer una fiscalidad muy reducida para los beneficios empresariales obtenidos por personas jurídicas, en la medida en que esos beneficios se mantengan en sede de la sociedad y no sean distribuidos entre sus socios ni administradores.

 

  1. De no producirse este mantenimiento del beneficio en la sociedad que los generó, se plantea una fiscalidad intermedia entre el régimen general nacional y el reducido de la letra a) anterior, proclamándose así como incentivo para mantener en las islas el fruto de la inversión, pero sin llegar a ser en otro caso un obstáculo para otorgar competitividad a nuestro territorio como sede de cada vez más organizaciones empresariales. 

Este modelo, inspirado en países como Irlanda o Estonia, tiene contrastado su éxito, muy al contrario de esquemas como el de la RIC, la DIC o la ZEC, cuya potencia ha quedado relegada a un segundo plano y para casos muy específicos, al margen de la conflictividad que han supuesto y siguen suponiendo. 

  1. Las personas físicas, igualmente, deberán estar amparadas por la fiscalidad reducida que se persigue para Canarias. 

La amplitud de ese amparo debe establecerse en función de un análisis de coste-beneficio, de tal suerte que pueda acreditarse, empíricamente, si beneficia a las islas el que abarque a la totalidad de las rentas obtenidas independientemente de su naturaleza, fuente y origen, o, por el contrario, resulta más efectivo que se centre sólo en algunas categorías de esas rentas (trabajo, actividades económicas, ganancias patrimoniales de bienes radicados en las islas, etc…) o para sólo unas muy específicas fuentes de las mismas, de tal manera que sólo se vinculen a las rentas generadas en las islas. 

            Pero en todo caso, un IRPF también especial en las islas es imprescindible.  d) La fiscalidad indirecta no puede escapar de este nuevo futuro sistema. 

 A pesar de ser cierto que desde todos los estamentos científicos y académicos se aboga por relajar el gravamen que suponen los impuestos sobre la renta, potenciando los del consumo, como fórmula de mejorar el crecimiento económico, no debería seguirse esta tesis con tal magnitud que deje sin efecto los resultados positivos que las medidas anteriores pudieran originar. 

Una discriminación de los impuestos indirectos para relajar los directos puede dar lugar a un balance macroeconómico positivo. Pero la relación entre ambos, en el nuevo futuro régimen fiscal de Canarias debe estar en sintonía con sus principios generales de simplicidad, eficacia y diferenciación. 

Por tal motivo, en ningún caso debería tender a tasas efectivas medias de los países del entorno, estando siempre situado en niveles inferiores que permitan conseguir la competitividad buscada. 

Además, deben establecerse con un enfoque integrador, de tal suerte que permita la misma armonización que ya existe en el impuesto al consumo en la Unión Europea, facilitando así el intercambio de bienes y servicios y reduciendo la actual complejidad administrativa que rige en el ámbito de los gravámenes al comercio internacional. 

 

          Los impuestos al consumo, en todo caso, en las islas deben ser de marcado carácter reducido, circunstancia que marca la más potente característica de nuestro acervo fiscal histórico.

  1. No se concibe la falta de atención académica que actualmente se otorga al REF, relegado al estudio individual y particular de quienes mostramos interés en él. 

La formación en el ámbito del REF debe ser troncal en todos los niveles del sistema educativo, fomentando, potenciando y facilitando su conocimiento y asunción como el elemento que nos pertenece por Derecho propio y por la Historia relatada. 

La nueva futura etapa de nuestro sistema fiscal pasa, inexorablemente, por estar integrado en todos los programas educativos del archipiélago, única vía para conseguir que todos nos sintamos identificados con él y ejercer así la defensa que merece frente a posibles injerencias externas. 

  1. Por último, característica esencial del nuevo régimen fiscal de Canarias lo debe constituir las competencias de las autoridades de las islas para velar por su veraz y eficaz aplicación y cumplimiento.  

Ningún sentido tiene dejar lo que nos es propio al cuidado de quienes son ajenos. Sus motivaciones e incentivos pueden ser contrarios a la finalidad misma del régimen especial, pudiendo lastrar por la vía de los hechos lo que por Derecho pueda lograr llegar a imponerse. 

No resulta por ello extraño que se reclame una Hacienda Canaria propia para la aplicación, supervisión y vigilancia de las buenas prácticas respecto de ese nuestro régimen fiscal.

Es la misma razón por la que los fueros Navarro y Vasco cuentan con su propia administración tributaria con competencias suficientes para garantizar el efectivo cumplimiento del espíritu fiscal que persiguen. 

Por ese mismo motivo, Canarias, junto a su régimen fiscal especial, debe tener su propia Administración Tributaria con capacidad para liderar todos los aspectos que lo definen. 

Y en línea con lo anterior, resulta imprescindible incorporar como medida de funcionamiento de nuestro REF la misma que ya aplican Vascos y Navarros, como son las reuniones paritarias semestrales que celebran con el Gobierno de la Nación, las cuales deben extenderse también con representantes de Canarias, integrados en una comisión, cuyo nombre podría adoptar el de la paritaria del REF y que podría estar integrada por organizaciones como la FECAI y cuantas otras se consideren de la misma naturaleza para la mejor supervisión, coordinación y aplicación de las nuevas medidas de nuestro fuero. 

Muy probablemente pueda parecer un plan ambicioso. Y muy probablemente lo sea. 

Pero esto ni es óbice para conseguirlo ni es justa causa para negar su extrema necesidad. 

Como tampoco debe tenerse como obstáculo el hecho de tener que sortear distintos estamentos de autoridad hasta lograr su definición y promulgación definitiva. 

La base normativa actual lo permite. Ejemplos que lo acreditan existen. Y razones para que se lleva a cabo, sobran. 

Canarias necesita un revulsivo económico para su desarrollo y éste debe ser el primer paso. No el único, pero si el primero. 

A partir de ahí, otro tipo de políticas fiscales deben ponerse en marcha, como también de mejora y redefinición de determinados servicios públicos esenciales. 

Pero de la misma forma que “todo viaje de mil millas comienza con un primer paso (Lao-Tse)”, cualquier gran cambio requiere de un primer impulso. 

Apuntar a un nuevo y diferente sistema fiscal es el primer impulso que traerá el gran cambio para Canarias. 

Y con él, su bienestar y prosperidad. 

 

19. Una FP que responda a las necesidades reales

 

La Formación Profesional es el gran reto de los próximos años en Canarias ya que es un pilar importante que puede ayudar en la consecución de muchos de las metas que se marca nuestra sociedad. La mejora de la cualificación profesional de la ciudadanía, la reducción del desempleo, la recualificación de las personas durante su vida laboral, la generación de perfiles profesionales que se ajusten a las necesidades de las empresas en los diferentes sectores económicos, etcétera. Todos ellos objetivos abordables desde la Formación Profesional, tanto en su vertiente formativa reglada, como por la de formación para el empleo.

Para lograrlo hay que replantear la colaboración y la complementariedad entre ambos sistemas de Formación Profesional, adaptando sus ofertas y tiempos formativos a las necesidades que la sociedad exige en cada momento.

Además, necesitamos que sea una Formación Profesional de calidad y que motive a las ciudadanas y ciudadanos a tenerla como referencia. Para ello, hay que conseguir al mejor profesorado impartiendo las especialidades, con la mejor formación para alcanzar destrezas profesionales que sean óptimas para el mercado laboral, con los mejores medios didácticos y técnicos posibles, y así conseguir la satisfacción del alumnado con su formación y, además, la de las empresas, al encontrar empleados y empleadas de la calidad y destrezas profesionales requeridas.

La Formación Profesional debe dejar de ser la siguiente etapa de la formación académica después de la Enseñanza Secundaria, o del Bachillerato, y pasar a ser el referente de formación, junto con las Universidades, de los profesionales y las profesionales del futuro.

Debe ser:

  • Un objetivo prioritario dentro de todas las ramas del Gobierno, que permita detectar nichos formativos y oportunidades laborales para la ciudadanía en nuestra comunidad.

  • Referencia de las empresas a la hora de requerir profesionales con determinadas destrezas.

  • Guía a la que recurrir si quiero mejorar o actualizar mi formación

  • La vía principal de cualificación de las capacidades profesionales que ya poseo y para el aprendizaje de las que no tengo.

  • Un entorno atractivo que atraiga profesionales cualificados a que impartan la formación, aprovechando sus cualidades, en mejora continua, aprendiendo de las experiencias,

  • Flexible, permitiendo la adaptación rápida a las necesidades empresariales, a las especificidades de las diferentes Familias Profesionales y a las necesidades del alumnado.

Algunos de los elementos estratégicos para este cambio son:

  • Creación de la Viceconsejería de Formación Profesional siguiendo la experiencia de otras Comunidades Autónomas de referencia nacional.

  • Trabajar la complementariedad entre la Formación Profesional Reglada, y la Formación para el Empleo, diseñando de forma conjunta la oferta formativa, adaptándola a las necesidades de los sectores productivos para dar una respuesta más rápida a necesidades o nichos laborales que pueden surgir, además de para la acreditación profesional.

  • Consolidar la figura de los Centros Integrados de Formación Profesional como verdaderos referentes formativos, innovadores e integradores de formación para el empleo.

  • Realizar un plan plurianual de mejora de las infraestructuras, instalaciones y dotaciones de la Formación Profesional.

  • Captar talento, a través de la mejora de los procesos de acceso a la docencia, haciendo el mismo hincapié en la formación técnica como en la formación didáctica.

  • Realizar un plan de difusión de la Formación Profesional orientado a todo el profesorado de Secundaria y Bachillerato, dada la importancia que tienen en la orientación formativa de su alumnado, facilitándoles así esta tarea.

  • Implantar un marco normativo que intente adaptarse a las necesidades de las diferentes Familias Profesionales, como por ejemplo la actualización de Currículos, la adaptación de la formación dual, las salidas externas de formación del alumnado, la colaboración con empresas para la adquisición de determinadas destrezas que no se pueden adquirir en el aula, los planes de fomento a la inserción laboral tras la titulación, etc. Este marco normativo siempre debe intentar mejorar el principal indicador a tener en cuenta en la Formación Profesional, que es la mejora de la empleabilidad del alumnado.